El cupo justo

El cupo vasco ha adquirido este año un protagonismo especial, superior al de ocasiones anteriores, cuando pasaba bastante desapercibido. Han brotado más críticas que en años anteriores y no parece exagerado decir que a los máximos dirigentes del PSOE les ha costado cierto esfuerzo contener la oleada de críticas que han surgido en algunos de sus centros de poder autonómico, en donde parece que han saltado chispas. De momento, Sánchez ha atajado por lo que parece una revuelta de cierta envergadura a cambio de exigirle al Gobierno, y obtener promesas fiables en este sentido, de que la espinosa cuestión autonómica va a ser abordada de forma global en fecha breve.  Ese será el momento en el que previsiblemente todas las partes implicadas se verán las caras y no será un cónclave fácil.

El cupo que esta vez han sacado adelante el Gobierno español y el Gobierno Vasco prevé el pago de 1.300 millones de euros anuales por parte del Gobierno Vasco al Estado durante los próximos ejercicios, hasta el año 2021. La cifra es inferior a la que estaba vigente desde el año 2007, que era de algo más  de 1.500 millones de euros anuales. En relación con esta cifra hay algunas consideraciones que se están formulando los expertos y desde luego algunos partidos políticos, entre ellos Ciudadanos, el más crítico con el acuerdo alcanzado.

La primera cuestión que suscita serias dudas es la nula transparencia de las cifras. Nadie se ha molestado en explicar cómo se llega a esta cifra misteriosa y tampoco se han dado explicaciones plausibles sobre el motivo de la rebaja respecto a años anteriores, como si la calidad de los servicios que presta el Estado al País Vasco sufra un descuento por razones poco confesables. No parecen existir razones objetivas para que el valor de los servicios prestados haya experimentado un deterioro. Al menos, nadie se ha molestado en explicarlo.

La motivación política, lejos de toda ingenuidad, parece evidente. Ante la falta de soporte parlamentario suficiente  para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (no se entiende muy bien por qué los socialistas no podían hacer sobre este asunto una excepción y negociar un Presupuesto con algunas concesiones que cerrara el paso a compromisos inapropiados como el de la rebaja del cupo vasco), el Gobierno de Rajoy paga por los votos del PNV un peaje exagerado, según valoración bastante extendida entre los expertos.

Los analistas que saben algo de financiación autonómica consideran que en función de los niveles de renta y de algunas otras variables, el País Vasco debería pagar al Estado español un importe muy superior al que se venía contemplando en el pasado y desde luego mayor que el fijado para los  próximos años. La discusión sobre el cupo justo se hace este año mucho más necesaria porque está sobre la mesa el inevitable e inaplazable debate sobre el encaje de las cuentas del Estado con Cataluña, un problema de alto voltaje que habrá que  discutir en los próximos meses cuando en Cataluña haya un Gobierno representativo de las nuevas circunstancias.

El debate soberanista y la abundante propaganda  de los sectores catalanistas más radicales que se ha diseminado en estos últimos meses han contribuido a generar no pocas discrepancias y obligan a poner en manos de auténticos expertos, con ánimo objetivo y sereno, los datos reales de ese balance que debería reflejar las relaciones económicas y financieras entre cada uno de los componentes autonómicos del Estado español y este último, incluyendo desde luego cuestiones de tan vital importancia como la Seguridad Social. Los agravios que se han acumulado en estos años de ausencia de transparencia en las cuentas del Estado español  requieren una inmediata clarificación, con el menor grado posible de apasionamiento y la mayor independencia y objetividad posibles. Es  posiblemente la tarea más apremiante que tienen por delante España en los próximos meses.