La difícil financiación de Cataluña

El impacto de la crisis catalana  en la economía española  se va manifestando de momento con cuentagotas y con  rasgos aislados. Dicen estos días los expertos y analistas que lo de Cataluña es un riesgo potencial apreciable para la economía española pero por el momento los mercados no muestran  pulsaciones que puedan atribuirse con claridad al riesgo de secesión en España.

Este jueves, no obstante, el Tesoro Público tenía una cita importante con lo mercados  ya que había subasta de títulos a medio y largo plazo, el  más  breve en el plazo de 3 años, en el que se ha producido un significativo aumento del coste de la  Deuda Pública emitida. Los bonos a 3 años se habían lanzado al mercado últimamente a tipos negativos, pero este jueves el mercado le ha dado la vuelta a la situación y ha exigido una remuneración positiva para suscribir estos títulos, con los que el Estado español financia su actividad y la de las Comunidades Autónomas.

El cambio de signo tendrá una cierta repercusión en el  déficit público, no muy elevada, pero sí significativa, ya que los españoles tendremos que pagar en vez de cobrar, como sucedía hasta ahora en algunos meses, por emitir deuda del Estado a 3 años de plazo. Es un mal precedente, que puede incluso convertirse en preocupante si la tensión en Cataluña y en las relaciones del Estado con esta Autonomía no entran cuanto antes en una situación bien diferente. La sensibilidad de los tipos de interés es alta en todos los plazos, pero en los  más dilatados los inversores suelen tener más reticencias a tomar compromisos y suelen apretar las clavijas lo antes posible.

Por desgracia, los síntomas no caminan en la buena dirección en lo que atañe a las tensiones políticas, ya que el empeño de los dirigentes de  la Generalitat catalana por  llevar hasta sus últimas consecuencias la puesta en marcha de un Estado independiente parece bastante firme, a no ser que el Gobierno lo impida o la negociación se abra paso en las relaciones entre ambas partes.La situación financiera catalana no es muy boyante, ya que apenas cuenta con recursos fiscales propios y su capacidad para acudir a los mercados en busca de financiación es prácticamente nula desde hace ya bastantes meses, una situación que se ha agravado  de forma exponencial  como consecuencia del traslado de empresas fuera del ámbito geográfico catalán, es decir, fuera de la disciplina y el alcance fiscal de  la autoridad regional.

Los primeros cálculos que se están haciendo sobre este impacto son  de tal calibre que no se entiende muy bien cómo los dirigentes autonómicos no han  aplicado una estrategia más racional de negociación de sus aspiraciones autonomistas con el Estado. Circulan estos días cifras  muy elevadas del coste anual que para Cataluña puede tener la fuga masiva de empresas, lo que significa lisa y llanamente que  la viabilidad del Estado catalán desde  la puesta en marcha de esta huida masiva de empresas ha quedado seriamente dañada.

La Generalitat ha dado pasos importantes para poner en marcha su propia Hacienda Pública, con su Agencia Tributaria de  ámbito global, es decir, con la expectativa de cobrar no sólo los impuestos autonómicos que le son propios sino también los de carácter  estatal en su totalidad aplicables al espacio económico catalán. Al margen de que este intento de apropiarse la recaudación de tales tributos (IVA, IRPF, Sociedades, las piedras angulares del sistema fiscal) sea susceptible de salir adelante, aunque sea parcialmente (posibilidad poco plausible), lo cierto es que la marcha masiva de empresas con su domicilio fiscal a cuestas pone seriamente en entredicho estas expectativas. La Hacienda catalana ha perdido en pocas semanas el grueso de su potencial de recaudación  fiscal. Y eso tiene mal arreglo.