Andalucía reduce impuestos

El Impuesto de Sucesiones en Andalucía (no su pariente, el de Donaciones) va a tener una importante reducción  a partir de enero próximo. Los dos partidos que aseguran la mayoría parlamentaria  (PSOE y Ciudadanos) han aprobado una reforma que entrará en vigor con el nuevo Presupuesto que consiste en elevar de forma sustancial el importe exento para aquellas sucesiones que no lleguen al millón de euros. Por encima de este importe sigue vigente  la  legislación fiscal precedente aunque en la práctica es un amplio sector de la población sujeta a este tributo la que queda liberada de pagar por transmitir la herencia a sus herederos directos.

La existencia de este tributo y sobre todo la baja cuantía que lo activaba (un millón de euros, cifra que afecta a muchas familias de clase media y no solamente a los millonarios) había generado una importante polémica por diversos motivos. El primero porque  entraba de lleno en  el segmento social al que pertenecen muchos ciudadanos, ya que sólo con la  propiedad inmobiliaria habitual se alcanzaban cifras próximas o incluso superiores.  La clientela política de los partidos gobernantes en Andalucía, básicamente el PSOE y el PP, estaba muy penalizada por este tributo, que  es un impuesto cedido a las Autonomías aunque cada Comunidad Autónoma fija las condiciones de su aplicación, es decir, los tipos de gravamen aplicables y los niveles exentos de tributar y los mínimos por encima de los cuales se aplica.

Había herederos que renunciaban a recibirlo dado el alto coste que les suponía  a la hora de pagar el tributo correspondiente para lo que no contaban con liquidez.  En algunas ocasiones la alta dificultad en liquidar la herencia y convertirla en dinero, al tratarse en bienes valorados de forma muy particular  (con tasaciones abusivas y fuera de mercado)  y que el heredero poco podía sacarles de provecho, además de haber pagado una importante cuota,  lo convertía en una trampa  bastante gravosa.  Las renuncias parecen haber sido muy  frecuentes y el patrimonio de la Junta de Andalucía parece plagado de bienes de este tipo que para poco le sirven.

La segunda razón de su polémica existencia era la baja recaudación fiscal que proporcionaba a las arcas andaluzas, apenas 90 millones de euros anuales en los últimos años. Posiblemente una renta que apenas alcanzaba para pagar a los funcionarios que se ocupaban de su vigilancia, recaudación y supervisión. O sea, que posiblemente costaba más dinero recaudarlo de lo que aportaba a la Hacienda andaluza, algo que no siempre tienen en cuenta los  políticos que diseñan tributos con altas miras sociales pero con escasa  base pragmática y económica, no sólo en Andalucía sino en otras partes de España, en donde posiblemente el ejemplo andaluz  tenga continuidad.

Una tercera consideración era  precisamente  el agravio comparativo entre regiones españoles, asunto que en más de una ocasión han sacado a relucir algunas autoridades autonómicas, a decir verdad con más  argumentario  demagógico que realidad, cuando se ha llegado a  hablar de  competencia desleal y hasta de “dumping” fiscal, no se sabe muy bien con qué fundamento.   Un caso típico es el de la Comunidad de Madrid (gobernada casi siempre por la derecha), que prácticamente ha borrado  o reducido a mínimos de sus leyes fiscales todo lo  relacionado con los tributos que gravan las Sucesiones, las Donaciones y el Patrimonio, figuras fiscales muy del gusto de los  propagandistas de izquierdas pero  que se consideran en muchos países como auténticas reliquias de otras épocas que apenas sirven para  llenar algunas páginas  en la literatura académica pero  que  carecen de  aplicación en parte alguna, a causa de sus escasos réditos y, en muchas ocasiones, su  efecto desincentivador sobre la creación de riqueza y la  creatividad económica.

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