Ayuntamientos manirrotos

Los Ayuntamientos  españoles, en especial los de algunas corporaciones de tamaño grande, están empezando a tirar la casa por la ventana sin que ello se haya traducido en  mejoras  sustanciales y visibles para los ciudadanos. Es una mala noticia para la correcta gestión de los dineros públicos, ya que las corporaciones locales se habían caracterizado hasta ahora por una gestión más escrupulosa del dinero público que otras administraciones, como por ejemplo las autonómicas. Las finanzas de los ayuntamientos  son especialmente sensibles para la percepción de los ciudadanos ya que  su buen uso se puede percibir a diario y afecta de modo inmediato  a nuestra vida cotidiana.

Por desgracia, este súbito empeoramiento de las finanzas  municipales no se ha visto reflejado en una mejora de los servicios que percibimos los ciudadanos.  Por las cifras conocidas en los últimos meses, algunos Ayuntamientos han dedicado importantes cantidades de dinero público a incrementar sus plantillas, en algunos casos como consecuencia de una reversión de  anteriores políticas de privatización de servicios públicos, que ahora vuelven a la  generosa  hospitalidad de las arcas municipales,  lo que no siempre es garantía de  mejora de la eficacia por lo que tiene de pérdida de flexibilidad. No por contar con una nómina de funcionarios más  copiosa las cosas van a funcionar mejor, sobre todo si, como es de   temer, en algunos casos esta subida de efectivos esconde un  marcado clientelismo.

Uno de los  malos síntomas que hemos visto en las conductas financieras de algunos municipios es la paralización de inversiones y la multiplicación de gastos corrientes, justo lo contrario de lo que aconseja una política de  estímulos al funcionamiento y el crecimiento  de la economía y de mejora de la eficacia medible en la prestación de servicios.

Este deterioro de las finanzas municipales ha corrido en paralelo a un aumento de las tasas  y de algunos impuestos propios de la   órbita municipal, que ya de por sí resultan bastante elevados y que en la mayoría de los casos vienen a  gravar a sectores de la población de rentas medias y bajas, que en muchos casos han hecho de la propiedad de la vivienda un objetivo muy saludable de ahorro y de  seguridad en el futuro. Muchas familias de rentas medias y bajas se  ven agobiadas por los tributos municipales que gravan la propiedad así como por la multiplicación de tasas específicas que han ido adquiriendo cada vez un mayor relieve con el argumento de que reflejan prestaciones de servicios más amplias, cuando antes estaban en su totalidad cubiertas por un  solo gravamen.

Mejor sería  que los Ayuntamientos con finanzas saneadas afrontaran  inversiones de mayor utilidad recurrente para la calidad de vida de los ciudadanos y en paralelo se analizara la posibilidad de  afrontar algún retoque a la baja en la cuantía de los impuestos ya existentes o implantados recientemente.  Por lo general, en esto de los impuestos no suele haber marcha atrás y  es habitual la consolidación de los mismos, lo que antes o después acaba convirtiéndose en  un aumento del gasto  y vuelta a empezar ya que la voracidad de los sucesivos gobiernos municipales suele  guardar proporción directa con la frecuencia de los cambios políticos que se producen al frente  de estos organismos.  La experiencia reciente así parece corroborarlo.