El debate fiscal da sus primeros pasos

La reforma fiscal que  aprobó el partido gobernante en el año 2015 tiene por delante dos desafíos  interesantes. Uno, la fijación del techo de gasto para el año 2018, que es la primera frontera en la que se  batirán  las fuerzas políticas para fijar un acuerdo que tendrá influencia en la distribución de los impuestos futuros.  Hay otro punto importante de referencia, la reforma del sistema de financiación autonómica, que podría llegar a tener consecuencias importantes en diversas ramificaciones del sistema fiscal sobre todo en lo que atañe a los impuestos de Patrimonio y al de Sucesiones y Donaciones. Los dos frentes están cada  día que pasa más activos, ya que  la eventualidad de una nueva  moción de censura a la vuelta del verano para tratar de desalojar a Rajoy del Gobierno requiere munición de grueso calibre y la de tipo fiscal es una de las más potentes  y eficaces.

La fijación del techo del gasto para el año 2018 es el asunto que va a  producir mayores fricciones en las próximas semanas, ya que el Gobierno apuesta por una subida moderada del techo, en contra de lo que se había hecho en años anteriores, cuando la política fiscal era más restrictiva y las exigencias del cumplimiento del déficit cada vez más ajustado  que llegaban desde Bruselas no dejaban márgenes para muchas alegrías.

Esta estrechez ya no tendrá en el  año 2018 las mismas  exigencias, ya que el déficit público tendría que ajustarse a las previsiones pactadas con  Bruselas con mayor facilidad gracias sobre todo a la mejora de la recaudación fiscal, derivada de la mejoría de la economía.  Con una economía creciendo a ritmos del 3% anual durante tres años consecutivos (incluido el año 2017, que ya  se da por altamente probable a ese ritmo, según previsiones cada vez más extendidas), el margen para aumentar el gasto público es indudablemente mayor que en años anteriores, incluso bajo la  hipótesis de una rebaja adicional del déficit público.

La  mejora del nivel de gasto y las mayores disponibilidades de la recaudación fiscal son, a la postre, una excelente oportunidad para retocar los impuestos y para incrementar algunos capítulos sensibles del gasto público. Es en esta  doble vertiente en la que se van a desarrollar las presiones políticas desde esta misma semana. Los aliados del partido gobernante, Ciudadanos, ya están pidiendo una rebaja en el IRPF, asunto que  ya fue sugerido por algunos altos cargos del Gobierno hace  poco tiempo, incluido el mismo Cristóbal Montoro.

Una rebaja fiscal adicional es un buen gancho político de cara a las elecciones que vienen, de la misma forma que desde el frente opuesto, la eventual alianza entre el PSOE y Podemos, se está `planteando la necesidad de incrementar los tipos de gravamen del tramo más alto de la Renta para financiar  nuevas políticas sociales. No es alto el margen de subida de impuestos si queremos no apartarnos de forma sustancial de la tónica dominante en los países europeos. España ya tiene unos tipos de gravamen bastante elevados y los intentos de subida afrontados en algunos de nuestros socios europeos han sido finalmente  descartados, sobre todo en Francia.  La tendencia política dominante en Europa, sobre todo tras el cambio en la Presidencia de la vecina República, no es precisamente proclive a un endurecimiento de la fiscalidad sobre la Renta ni siquiera sobre las empresas. La economía  está funcionando con buenos impulsos y las subidas de impuestos posiblemente  se conviertan en un freno al dinamismo económico.