Mirando a 2020

Dentro de tres años y medio, España debería haber reducido al 11% la actual tasa de paro del 18%, lo que exigiría la creación de medio millón de puestos de trabajo en el periodo, es decir, alrededor de dos millones de nuevos empleos. Si este vaticinio (o quizás objetivo) se cumple, alcanzaríamos el último trimestre del año 2020 con un nivel de empleo de 20,4 millones, muy cerca del máximo histórico que se había producido en el año 2007, antes de que comenzara el derrumbe de la economía mundial y española.

Es un objetivo bastante ambicioso y desde luego no resulta nada fácil atinar a plazo tan largo con las cifras, pero si el PIB sigue creciendo a ritmos anuales del 2,5% como se prevé en algunos análisis y previsiones, la posibilidad de que el empleo acompañe puede ajustarse a los objetivos del Gobierno, que los acaba de explicitar en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea hace unos días. El empleo está creciendo en la actualidad por encima del 2,2%, por lo que el ritmo de avance de la economía y de la ocupación corren bastante paralelos.

Para que estas tasas de crecimiento se separen, sobre todo para que el crecimiento del empleo sea superior al de la actividad económica, habría que modificar - según dicen los expertos en mercado laboral – las condiciones y la legislación laboral. Es una idea que vienen repitiendo los analistas de la Comisión Europea y los expertos de algunas otras instituciones internacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando reclaman a España la adopción de nuevos pasos en la reforma del mercado laboral. La cuestión es que estas demandas van en una dirección que choca frontalmente con las posiciones sindicales españolas, lo que hace difícil la puesta en marcha de tales reformas. De hecho, ahora mismo lo que existe es un riesgo de reversión de las reformas ya afrontadas en los últimos años, cuya derogación reclaman no sólo los sindicatos sino algunos partidos políticos.

La obtención de estos ambiciosos objetivos en materia de empleo se ve sometida en la actual fase de la economía al impacto negativo, entre otros, de las restricciones de la inversión pública, que en estos últimos años han alcanzado cotas muy inferiores a las que eran habituales en el país. La tasa de inversión pública se ha situado ya por debajo del 2% del PIB, cuando en los años anteriores a la crisis, la inversión pública representaba algo más del 5% del PIB. La media europea está ahora en torno al 2,7% del PIB.

Lograr que la inversión pública asuma un papel de mayor protagonismo es una de las condiciones ineludibles para que la tasa de paro retorne a niveles del 11% e incluso inferiores de aquí a tres años y medio. El límite de la inversión pública es ahora mayor que antes de la crisis debido al estrecho margen existente para dejar que el déficit se dispare. También hay limitaciones del lado del endeudamiento, ya que en paralelo el Estado español tiene que recortar su deuda, que ronda en la actualidad el 100% del PIB pero que debería bajar hasta niveles del 92% de aquí a tres o cuatro años. La suma de todas estas limitaciones no deja mucho margen para que la inversión pública crezca como es deseable pero habría que sacar recursos de alguna parte para conseguirlo.