El espinoso problema de la deuda

Es bueno de vez en cuando ponerle cifras y horizontes temporales al peliagudo problema de la Deuda Pública española. El guardián de las finanzas públicas, la Airef, acaba de recordarnos que España tardará, al ritmo actual y si no hay grandes trastornos, unos 20 años en recortar el volumen de la Deuda Pública española hasta unos niveles que podríamos calificar de “manejables”, es decir, lo que los expertos en finanzas públicas han cuantificado en la barrera del 60% del PIB. El conjunto de las Administraciones Públicas españolas tiene una deuda total que ha terminado el año 2016 en el 99,4% del PIB, es decir, casi lo mismo que un año antes, lo que equivale prácticamente al volumen de lo que produce la economía en un año completo, valorado a precios de mercado.

La deuda contraída por el conjunto de la economía no sólo incluye el pasivo de las Administraciones Públicas (el ya mencionado) sino que debe sumarse la deuda de las empresas y de las familias, que en estos años de crisis alcanzó unas dimensiones realmente importantes, aunque ambas se encuentran en fase de reducción. En especial la deuda de las empresas, que se disparó mucho debido a la agresiva política de compras llevada a cabo, sobre todo en el exterior, por muchas grandes empresas españolas. Esta deuda está ya en retroceso desde hace más de dos años, de forma que el endeudamiento conjunto de la econo0mía española ha dejado ya atrás sus peores momentos.

Pero la deuda que han contraído los agentes públicos (el Estado y la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos) sigue siendo un motivo de preocupación porque tiene una cuantía muy elevada y porque no hay señales claras de que este endeudamiento se encue4ntre en trance de mejoría sino a la inversa. De hecho, durante el pasado año, la deuda de las Autonomías registró un empeoramiento significativo, mientras la del Estado se moderada ligeramente (en términos de deuda/PIB) y la deuda de los Ayuntamientos presentaba la mejor apariencia del trío de entes públicos.

El problema, por lo tanto, parece residir en el descontrol de las finanzas autonómicas, asunto que no sólo no está resuelto sino que lleva camino de seguir empeorando y, lo que ers peor, con capacidad de contaminar al propio Estado, ya que la subsistencia de algunas Autonomías se está cubriendo de mejor o peor manera gracias a los apoyos de liquidez que proporciona el Estado.

El asunto tendría que ser abordado mediante una reforma a fondo de los esquemas de financiación autonómica, cuestión aplazada una y otra vez y que tiene un difícil encaje político porque las Autonomías ejercen una presión muy acusada a favor del aumento de sus competencias, desarrollando una políticas de gasto muy expansivas, para las que no cuentan con ingresos propios (los que se derivan de sus propios impuestos) ni con transferencias suficientes desde el Estado. Buscar un equilibrio entre ambas vertientes del problema (ajustar los gastos y disponer de los ingresos necesarios para financiarlos) requiere desde luego un pacto de Estado en el que participen todos los partidos políticos o, al menos, aquellos que garanticen el control mayoritario a nivel de Gobierno del país y de todos los entes autonómicos. Sin esta pieza clave de la financiación pública, la Deuda Pública española seguirá manteniéndose como un caballo desbocado que puede hacer descarrilar el conjunto de la economía española. Y menos mal que ahora atravesamos una etapa de tipos de interés mínimos e incluso negativos. El día en que esta bonanza financiera termine, el problema puede adquirir todos los rasgos de una cuestión insoluble.