Cuando la plusvalía es minusvalía

La voracidad fiscal ha sufrido estos días un duro golpe, nada menos que a cargo del Tribunal Constitucional, que ha dictaminado en una sentencia posiblemente histórica que las pérdidas derivadas de operaciones de venta de bienes de tipo urbano, la mal llamada plusvalía municipal (que durante unos años ha sido minusvalía municipal, aunque se olvidaron de cambiarle el nombre) no pueden ser objeto de tributación. Parece una obviedad que cuando hay minusvalía, no es pertinente pagar impuesto de plusvalías. Pero el asunto ha vivido entre nosotros de forma natural, desafiando la lógica económica e incluso el sentido común, todo debido a la voracidad insaciable de los organismos públicos, en este caso los Ayuntamientos, que parecen no encontrar límites en su afán por incrementar la recaudación..

El Constitucional no es un tribunal cualquiera, es nada menos que el garante de la Constitución, de que esta se cumple en todos sus supuestos y cometidos. Y la Constitución española dice que no se puede fijar un impuesto al margen de la capacidad económica del contribuyente. Es decir, para que haya tributo tiene que haber beneficio o renta o plusvalía.

La sentencia dice que los legisladores deberán cambiar la ley para que encaje la nueva situación que la realidad económica ha consolidado desde que pinchó la burbuja inmobiliaria. A partir del año 2009, el precio de los activos inmobiliarios ha experimentado una corrección que en ocasiones ha llegado a ser espectacular. Todas las operaciones de venta de bienes inmuebles que se han realizado en estos últimos seis o siete años han reflejado la nueva situación inmobiliaria, algo que no se habían atrevido ni a soñar los más agudos analistas económicos. Era impensable que los activos inmobiliarios, considerados como el refugio ideal de los patrimonios familiares, retrocediese de precio y que el mercado le fuera adverso en las valoraciones. Pero así sucedió.

Como consecuencia de ello, las operaciones que se han materializado en el mercado inmobiliario han sido `prácticamente en su totalidad operaciones con minusvalía. Es decir, el precio de venta rara vez superaba el de compra. La ley debería haber evitado que esta nueva situación, por insólita que pareciera, llegara a traducirse en el absurdo de obligar al contribuyente a pagar un impuesto de plusvalía por la existencia de una operación de minusvalía. Es esta doble realidad la que la ley actual no reconoce y la que el Constitucional obliga a poner sobre el papel, mediante la oportuna reforma.

A partir de est5a sentencia se abren numerosos interrogantes. El primero, qué va a `pasar con las operaciones que se realicen a partir de ahora en las que aflore una minusvalía. Los Ayuntamientos no pueden actuar contra la ley que fija el Constitucional, aunque el texto del tributo no haya sido aún modificado. La segunda cuestión que se abre es la del destino de los tributos pagados por todos aquellos ciudadanos o sociedades que han vendido bienes inmuebles a pérdida y que sin embargo han tenido que pagar la correspondiente plusvalía. ¿Tendrán derecho, como así parece, a recuperar esos impuestos que se les cobraron indebidamente? Y, otra cuestión más, ¿cuánto tendrán que esperar para recibir el dinero pagado indebidamente, se supone que más los intereses correspondientes? Una tercera pregunta no deja de resultar también necesaria: ¿Tendrán los Ayuntamientos capacidad financiera real para devolver estos tributos indebidamente cobrados? El abanico de posibilidades que se abre es de indudable amplitud y también, todo hay que decirlo, requeriría una respuesta más o menos urgente, ya que muchos de los afectados son economías familiares de la clase media que no pueden esperar largamente a recuperar un dinero que se les ha cobrado de forma inapropiada, según el Constitucional.