Monte dei Paschi y el precedente español

La crisis del banco italiano Monte dei Paschi di Siena ha levantado una sonada polémica en Europa, cuyos ecos apenas se han percibido en España, cuando el caso italiano, tal y como se está desarrollando, ofrece (o puede ofrecer) lecciones interesantes para nuestros procedimientos de solución de crisis bancarias.

Cuando una crisis bancaria amenaza con derivar en quiebra, los resortes defensivos en casi todas partes se movilizan para esgrimir razones de interés colectivo en favor de la supervivencia de la entidad, argumentando que una quiebra bancaria puede acarrear, y posiblemente así puede ser, graves problemas para el conjunto de la economía y desde luego para miles de modestos depositantes. En esas circunstancias se sacan a relucir las razones de Estado para justificar las ayudas públicas, con el eterno compromiso de que se trata de ayudas retornables, aunque en la práctica esto último, es decir, la recuperación del dinero público, casi nunca se produce.

Las crisis bancarias, ¿han de pagarlas los clientes, los propietarios de la entidad bancaria, los titulares de bonos emitidos por el banco en crisis o el Estado o una mezcla de todos ellos o solamente de algunos? Es una pregunta que la Unión Europea contestó con buenas intenciones hace unos meses, con motivo de la crisis bancaria española. Se dijo entonces (resoluciones aprobadas tanto en el año 2013 como por el Parlamento Europeo un año más tarde) que el peso de las crisis bancarias debe recaer exclusivamente sobre los acreedores, pero de modo alguno sobre los contribuyentes. Bajo estas premisas ya se habían ejecutado importantes decisiones en la crisis bancaria española, a consecuencia de las cuales miles de preferentistas se han quedado en una situación maltrecha aunque al final el Estado ha tenido que poner una buena parte de dinero para sufragar la factura

Ahora, el caso italiano, con el salvamento del Monte dei Paschi, uno de los tres mayores bancos italianos, plantea una casuística de matices un tanto vidriosos, ya que el Estado va a poner dinero en cantidades masivas (de momento ha aprobado un fondo de 20.000 millones de euros para sufragar la crisis del Monte, aunque el dinero se prevé que será utilizado en algunas otras entidades también grandes y también con serios problemas de viabilidad) sin que exista el propósito de que los bonistas y los acreedores de la entidad pagan un euro. Hay razones políticas importantes en esta intención exculpatoria, ya que el anterior primer ministro, Renzi, vería muy deteriorada su posición electoral, sobre todo en su zona de influencia política, en donde los poseedores de acciones preferentes de la entidad son numerosos.

La forma en la que Italia va a resolver la crisis del Monte dei Paschi y eventualmente de alguna otra entidad está siendo analizada con lupa en medios políticos y financieros europeos. Le ha faltado tiempo al presidente del Bundesbank, Jens Wiedmann, para salir a la palestra con un duro alegato en favor de la aplicación estricta de las normas comunitarias sobre el salvamento de los bancos en la zona euro. Uno de los principios que ha recordado Wiedmann es el de que las ayudas en ningún caso deben salir del bolsillo de los contribuyentes y que además los apoyos financieros en ningún caso deben aplicarse a la compensación de pérdidas. Los dos principios son difíciles de aplicar en el caso italiano, de forma que hay un forcejeo entre este país y las autoridades comunitarias e incluso del BCE para que las normas se apliquen con toda su integridad. Que el BCE se vea involucrado en el arbitraje de una solución adecuada tiene además otras implicaciones altamente molestas: Mario Draghi. Actual presidente del BCE, era el máximo mandatario del Banco de Italia cuando el Monte dei Paschi fue autorizado a realizar algunas de las arriesgadas operaciones que al final han acarreado su ruina.

En el fondo, el precedente español habrá de ser tenido en cuenta: ¿por qué los preferentistas españoles han tenido que afrontar importantes costes y los italianos se van a ir sin mancha?