La capacidad competitiva de la economía española sigue apoyándose, por desgracia, en unos niveles salariales menos exigentes que en otras grandes economías de la zona euro o de otras zonas del mundo a donde van dirigidos los productos fabricados en España, aunque el factor competitivo no siempre se resume en los costes comparativos del sector industrial. España es una economía fundamentalmente de servicios y una buena proporción de este elevado nivel de empleo que depende de la actividad terciaria es empleo de modesta cualificación. El peso de este empleo es muy alto en España en comparación con otros países europeos debido al gran peso que tienen en el sector terciario nacional todo lo relacionado con la actividad turística Por este motivo, entre otros, la comparación de salarios es un campo limitado a la hora de establecer conclusiones sobre el nivel de vida, la productividad de la economía o la capacidad para crear empleo, tanto estable como permanente y, en este último aspecto, sobre la distribución de empleos fijos y otros de carácter transitorio ligado a los ciclos de actividad turística.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, principios del año 2012, y según estadísticas comunitarias, los salarios en España han aumentado apenas un 1,3% frente a una media del orden del 8% en el conjunto de la Unión Europea. Trimestre a trimestre, incluso desde dos años antes de que esta reforma entrara en vigor, los salarios españoles están creciendo por debajo de la media, de forma que en un plazo más dilatado de tiempo la capacidad competitiva vía salarios ha aumentado en torno a un 12%, un incremento realmente considerable sobre el que se sustenta la notable capacidad de creación de empleo del país en los dos últimos años.

Este factor, el salarial, no es desde luego el único que ha facilitado y que explique la ceración de empleo, pero en algunos sectores, sobre todo el industrial, constituye un elemento de notable importancia para argumentar el atractivo español a la hora de inversiones extranjeras en algunos productos de tecnología media e incluso avanzada.

Mantener este atractivo diferencial es una cuestión que ofrece dos caras contrapuestas ya que implicaría renunciar a incrementos sustanciales del nivel de vida y salarial (lo que ha demostrado en el pasado reciente que no siempre resulta sostenible, además de provocar procesos de destrucción de empleo) aunque permitiría posicionar a España como un destino atractivo de inversiones con capacidad de producir en términos competitivos para los mercados globales, con la consiguiente creación de empleo que ello suscita.

Es un dilema al que el país vive enfrentado de forma permanente, aunque en los próximos meses puede verse sometido a algunas presiones que apunten en la dirección menos deseada. La fuerte subida del salario mínimo es uno de los riesgos a los que se enfrenta la moderación salarial española en el inmediato futuro, tras el fuerte incremento de esta referencia salarial hace escasas fechas. La escalada de la inflación planteará también delicados problemas a la búsqueda de un nivel salarial óptimo, tanto para los intereses del poder adquisitivo de los trabajadores como para la preservación de la capacidad competitiva, con costes razonables en las empresas. En las decisiones sobre estos dos asuntos que se adopten en los próximos meses, la economía española se juega mucho.