Las voces críticas contra las últimas medidas fiscales del Gobierno han afilado sus argumentos en los últimos días. Expertos fiscales y dirigentes de la patronal CEOE, con su presidente a la cabeza, han puesto el grito en el cielo, cosa explicable, pero sobre todo han aportado algunos argumentos técnicos y económicos que ponen serios interrogantes sobre la efectividad recaudatoria pretendida por el Gobierno.

Por un lado, se argumenta el voluntarismo recaudatorio del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, debido a que su previsión de que el nuevo calendario recaudatorio del Impuesto sobre Sociedades puede acarrear ese aumento de ingresos de 6.000 millones de euros con los que el Gobierno taparía sus incumplimientos con Bruselas en materia fiscal tiene alto riesgo de incumplimiento. No sería descartable que a la vuelta de unos meses nos encontremos con la triste realidad de que los ingresos no son tales y que hay que volver a poner cara de circunstancias en las instancias europeas para disculpar y buscar salidas políticas a este nuevo incumplimiento.

Por otro lado, se critica el hecho de que la mayor parte del esfuerzo fiscal haya de recaer sobre las empresas, con todo lo que ello tiene de riesgo, quizás poco visible pero no por ello menos real, sobre la inversión y el empleo. Los circuitos de toma de decisiones son complejos y descansan sobre equilibrios muy delicados. Un sobrecoste sobrevenido en cualquier término de la ecuación que sirve para adoptar decisiones de inversión puede tener efectos muy negativos, máxime cuando las empresas ya están actuando en escenarios con altas dosis de volatilidad y riesgo.

Una tercera consideración que se ha formulado estos días atañe a la falta de seguridad fiscal que traslucen las nuevas normas, asunto que tiene una incidencia normalmente grave sobre los inversores internacionales, a los que no les gustas las oscilaciones inesperadas de la fiscalidad, ya que romper las previsiones, a veces largamente elaboradas, a mitad de partido, es un contratiempo que puede acarrear nefastas consecuencias en el futuro. Y España, con una economía competitiva que trata de hacerse un hueco en las preferencias internacionales de los circuitos del capital y la inversión, no está en condiciones de asumir estos riesgos.

Una de las razones que avalan la inoportunidad de esta fiscalidad reforzada es precisamente la que se deriva del Brexit, la salida británica de la Unión Europea, que ha abierto ventanas de oportunidad a bastantes países del entorno europeo, que están tratando de aprovechar el éxodo que puede producirse en Gran Bretaña, de donde bastantes empresas están estudiando salir en los próximos meses al haber desaparecido algunas de las circunstancias que hacían ventajosa su permanencia en el Reino Unido.

El deseo de atraer estas empresas y las inversiones que llevan consigo está poniendo en marcha una serie de iniciativas en países próximos orientadas a atraer esos capitales. Una buena parte de la capacidad de atracción radica precisamente en ofrecer condiciones fiscales más favorables para atraer a esas empresas en fuga. Es por ello que la inoportunidad del Gobierno español elevando con fuerza la fiscalidad empresarial constituye una medida justamente en la dirección contraria a la que están adoptando otros países de nuestro entorno.