El frente español de Bruselas

Nunca desde el ingreso de España en lo que hoy se conoce como Unión Europea nuestra presencia en las instituciones comunitarias ha mostrado un perfil tan bajo. Hay varios países de menor envergadura política y económica, además de histórica, que han colocado a algunos de sus nacionales en puestos relevantes de la Unión Europea. En algunos momentos, España llegó a contar con peso importante en algunas instituciones, no sólo en una sino en varias al mismo tiempo.

En la actualidad nuestra representación relevante se reduce prácticamente a una comisaría en el colegio de comisarios europeos, la que ocupa Arias Cañete, y no es una comisaría precisamente de primer nivel. Desde la salida de Joaquín Almunia como comisario de Competencia (y vicepresidente de la Comisión Europea) y de José Manuel González-Páramo como miembro del Consejo del Banco Central Europeo, ambos retornados a España a finales del año 2014, España es un socio prácticamente mudo en las grandes decisiones de la Unión. Parece un papel extremadamente bajo. Casi parece un castigo más que una pérdida de influencia.

Lo malo es que no parecen existir a corto plazo expectativas de mejora de la situación no sólo porque este tipo de asuntos son de larga gestación sino porque la cobertura de vacantes se produce cuando toca, cuando expiran los plazos o los mandatos de quienes ahora ocupan los puestos. Es más, en estos últimos años se han producido algunas designaciones en organismos europeos de nueva creación, sobre todo en el sector bancario, que han ido a parar a personas de otras nacionalidades. Quizás el lecho de que España haya sufrido un rescate bancario en estos años no era la mejor carta de recomendación, pero en España hay profesionales de nivel suficiente y poco relacionados con la gestión de las entidades afectadas por la crisis bancaria española de estos años.

La recuperación de un papel algo más airoso en las instituciones comunitarias debería ser uno de los objetivos de la diplomacia española en el inmediato futuro, asunto que debería contar con la gestión activa del propio Presidente del Gobierno, ahora que está dando sus primeros pasos en el cargo tras la reciente investidura. Por desgracia, los dos últimos presidentes de la nación han tenido una escasa vocación internacionalista ya que ni Zapatero ni Rajoy son personas que se muevan como pez en el agua en la vida política europea ni en el entorno internacional.

El papel de España en la Unión Europea merece un status superior habida cuenta del peso que ha adquirido España en la economía mundial (es una de las cuatro principales economías de la Eurozona) y de la positiva evolución que está mostrando la economía española en los últimos dos años, prueba de que hay bastante de positivo en la gestión. Borrones en la gestión económica española sigue habiendo muchos, el principal de ellos el inevitable asunto del déficit público excesivo, problema que arrastra España desde hace ocho años sin que de momento haya habido progresos sustanciales en su corrección. España se enfrenta a una sanción considerable si el Gobierno de Rajoy no afronta un ajuste presupuestario de 5.500 millones de euros anuales en el año 2017 y el siguiente. Una prueba de fuego a la que se enfrenta el Gobierno de Rajoy en las próximas semanas y en la que tendrá que lidiar con una aguerrida oposición interna y con la escasa influencia con que cuenta en las instituciones comunitarias. Difícil solución.