El déficit, primera prueba

El primer problema, bastante inmediato, al que se debe enfrentar el Gobierno que forme en los próximos días Mariano Rajoy ya tiene nombre: el descuadre de las cuentas públicas. Una carta de Bruselas remitida este martes 25 de octubre es bastante taxativa al respecto: hay que cuadrar las cuentas para que el déficit en el año 2017 y en el Año 2018 se ajuste a los objetivos marcados por Bruselas, un 3,1% del PIB para el año 2017 y un 2,2% para el año 2018.

La realidad de las cuentas públicas españolas ni por asomo se acerca a estos guarismos, de forma que el nuevo Gobierno se enfrenta a una difícil tarea, ya que más dilaciones no resultan posibles, una vez que España tiene un Gobierno (en minoría, pero Gobierno avalado por las Cámaras al fin y al cabo). Eso es al menos lo que señala el calendario previsible, tras los movimientos políticos de estos días y los que habrán de tener al Congreso por escenario en lo que resta de semana.

La preocupación sobre el difícil cumplimiento de estas cifras ha subido de tono este martes al conocerse las cifras de la ejecución presupuestaria hasta finales del mes de septiembre, cuando ya restan apenas tres meses para corregir el rumbo, realmente dos meses desde este fin de semana. Lo que habrá que corregir es la cifra del año 2016, pero sobre todo las que se ejecutarán en los dos próximos años, durante los cuales Bruselas exigirá a España nada menos que 5.500 millones de euros anuales de ajuste (bien vía menos gastos o más impuestos) sobre las cifras provisionales que le ha remitido el Gobierno hace pocas semanas.

La corrección de rumbo que exige Bruselas no tiene muchas posibilidades de llegar a buen término si tomamos como punto de partida las cifras que se van conociendo del año 2016, cada vez más desviadas de las previsiones. El choque con Bruselas, largamente aplazado debido a la peculiar situación política española, parece ahora inevitable no sólo porque en breves días habrá nuevo Gobierno sino porque los datos han empeorado con cierta brusquedad.

En conjunto, para los dos próximos años el nuevo Gobierno habrá de realizar un ajuste de 11.000 millones de euros, que es lo que Bruselas considera necesario fuera de lo que es el rumbo normal de la economía. Si se tiene en cuenta que la propia economía, al ritmo que va ahora (3% de crecimiento o algo menos en los dos próximos años), genera mayores ingresos, buena parte del déficit público podría corregirse de forma automática, aunque los 5.500 millones de euros que Bruselas exige ya tienen en cuenta la buena marcha de la economía española y son, por lo tanto, ajustes adicionales. Si la economía flaquea y crece menos del 3% previsto este año y de las buenas previsiones que se manejaban hasta hace poco para los dos próximos años, el ajuste acabaría siendo superior, lo que significaría un mayor esfuerzo fiscal y de gasto para España en estos dos próximos años. Más impuestos, más recortes o ambas cosas a la vez, ese es el menú al que parece enfrentarse el país de forma inexorable en los próximos meses.

Darle forma a estas exigencias presupuestarias se presenta, en suma, como un asunto cargado de dificultades, en el que las buenas intenciones de los partidos políticos que pueden conformar una mayoría dialogante con Bruselas tendrán que agotar sus posibilidades al máximo. Y todo ello contando con que la economía no se va a resentir y va a seguir con el rumbo de estos dos últimos años.