Sin multa pero con penitencia

Bastantes problemas tiene la Unión Europea como para enzarzarse en una crisis que podría tener derivaciones políticas poco deseables en estos momentos de riesgo de resquebrajamiento. La Comisión Europea ha optado por no imponer multas por déficit excesivo a España ni a Portugal. Nuestros vecinos portuguesas quizás tengan motivos de agradecimiento porque al ir incluidos en el mismo “paquete” no se podría entender un trato diferencial, al margen de la gravedad de los incumplimientos.

Por lo tanto, la Comisión, y se supone que el Consejo de Ministros irá en la misma línea, ha optado por la vía realista, cuyo principal impulsor ha sido el comisario francés, el socialista Pierre Moscovici, adalid de la aplicación flexible de las normas comunitarias. Una pena que un personaje de tanta cintura política no tenga escuela abierta en el socialismo español, otro gallo nos cantaría.

La imposición de la multa era, en todo caso, un despropósito, no   solo porque España está siendo alumno aventajado en la aplicación de numerosas políticas comunitarias y parecía poco sensato y poco justo castigar a quien es ahora mismo el foco de mayor crecimiento y dinamismo entre las grandes economías europeas. Dándole ciertas vueltas al argumento también se podría decir que precisamente incumpliendo las normas del estricto respeto al equilibrio presupuestario, España ha logrado poner a la economía a una velocidad de crucero que ahora mismo ninguna otra economía de la UE ha logrado alcanzar, en torno al 3% de crecimiento del PIB este año.

Los argumentos que ha esgrimido el comisario Moscovici para justificar este perdón de la multa son en todo caso también políticos: una implícito (España está sin Gobierno y la multa añadiría un problema adicional al Gobierno de Madrid) y otro explícito, el riesgo de castigar a un país que ha realizado importantes sacrificios para ajustarse el cinturón en estos últimos años y al que se le obligaría a dar una vuelta de tuerca que podría estimular los argumentos de quienes en estos últimos tiempos no hacen más que acumular argumentos de perfil populista o incluso reaccionario, algunos de ellos al calor de la salida británica de la UE.

Pero detrás de la satisfacción que puede suscitar la posición realista de la Comisión Europea hacia España, hay   que recordar de inmediato que la alternativa que nos ha dado Bruselas, con un año más de plazo para lograr el objetivo de menor déficit (es decir, dos años en total), constituye una exigente carga económica para el Gobierno español que tenga que asumir la dirección del país en estos dos años y medio que restan hasta la conclusión del plazo, es decir, hasta finales del año 2018, cuando España habrá debido dejar el déficit público por debajo del 3% del PIB.

Alcanzar ese objetivo aleja toda posibilidad de dispendio y alegría en el manejo del gasto público y exige la puesta en disciplina presupuestaria a las Comunidades Autónomas, un exigente cometido que en los últimos años ha sido el punto más débil de las finanzas públicas españolas. La Comisión Europea, además, parece haber establecido como contrapartida a su flexibilidad un rígido y estricto de control trimestral de la ejecución presupuestaria española, un elemento nuevo en nuestras relaciones con la UE que dará mucho que hablar en los dos próximos años. La penitencia que nos acaba de imponer Bruselas implica de hecho una especie de intervención de perfil bajo.