La multa y el tiro por la culata

Ríos de tinta está haciendo correr la polémica sobre si conviene o no ponerle una malta a España por déficit excesivo. Es un asunto envenenado porque habrá algún listo que terminará por argumentar que gracias a haberse saltado las normas de la UE, España es hoy el país que más crece de la Unión, un argumento que puede dar mucho de sí sobre la utilidad de las políticas de austeridad de la Unión Europea, impulsadas, como no, por la ortodoxa mentalidad alemana del equilibrio presupuestario.

La abundante literatura que ha emanado de esta hipotética sanción, bien merecida por otra parte, ya que el Gobierno de Rajoy ha incurrido en infracción con plena conciencia de la violación de las políticas comunitarias. Además no ha hecho sin nocturnidad alguna, lo que en este caso puede ser un agravante, porque puede interpretarse como un abierto desafío a las autoridades de la UE, sólo mitigado por el cálculo de los intereses electorales españoles. Que tire la primera piedra el gobernante europeo que no le ha dado cuerda al gasto público en etapa de consulta a las urnas.

Como llevamos bastante tiempo con la polémica abierta, ha habido oportunidad para que se pronuncien todos los estamentos, no sólo políticos sino los analistas y expertos en la materia, lo que nos ha permitido observar algunas valoraciones bastante objetivas e imparciales. De la contemplación de tantas valoraciones, surge la duda de si la multa a España resultaría una medicina realmente valiosa para mejorar el rumbo futuro de la economía española o, por el contrario, si la susodicha multa, dependiendo claro está de su cuantía, no acabaría por convertirse en un lastre tan absurdo como innecesario para el progreso del país.

Hay quienes han llegado a darle a este asunto una dimensión europea al señalar que una multa a España por gasto excesivo e incumplimiento del déficit podría ser combustible para los euroescépticos, podría alimentar la sensación de que las autoridades europeas no están en sus cabales al castigar a un país que ha luchado por salir de una dura crisis y ha logrado ponerse a la cabeza del crecimiento de la zona euro. Castigar a un país en estas circunstancias requiere más explicaciones que argumentar lo contrario.

Hay un argumento que se ha cruzado en los últimos días, el que alude al inevitable impacto que en la marcha de la economía española pueda tener la larga demora y postergación de la formación de un Gobierno estable y con las ideas claras en materia económica. El efecto de ese retraso sería de consecuencias mucho más nocivas, si es que no lo está siendo ya, que la propia multa comunitaria. Cabe suponer a estas alturas que los responsables de la imposición de la sanción estén pensando en imponer a España una multa de tipo simbólico pero con la esperanza de que el país no detenga su marcha por motivos políticos.

La suma de las dos peores alternativas (multa de 2.000 millones de euros y carencia de Gobierno fuerte durante varios meses más) sería letal para los intereses económicos y también políticos del país. Y sería deseable que los políticos de diverso signo, sobre todo los partidos que tienen responsabilidades en mantener un país equilibrado y responsable como socio europeo.