El no va más de la Deuda Pública

El volumen de Deuda Pública acumulado a finales de marzo ha superado el 100% del PIB. No es un dato muy novedoso: España está bordeando el 100% del PIB en déficit desde hace más de un año. El que lo haya rebasado en estos primeros meses del año puede no ser más que una situación transitoria que tiene mucho que ver con el calendario de emisiones de títulos públicos, que suele ser más acelerado en los primeros meses del año, cuando el Tesoro se esfuerza en cubrir cuanto antes los objetivos de emisión de Deuda Pública. En este año concurrían además algunas razones adicionales, como la necesidad de no dejarse arrollar por los riesgos de la incertidumbre política, ya que una demora excesiva en la formación de Gobierno puede llegar a intranquilizar a los mercados, dificultando la refinanciación del Tesoro.

En todo caso, el 100% de Deuda Pública acumulada es bastante más de lo que el país se puede permitir. Mirando atrás hay que recordar que el volumen de endeudamiento representaba apenas el 34% del PIB al inicio de la crisis, antes de que Zapatero llegara al poder y pusiera en marcha una disparatada política económica, sin preocupación alguna por contener el gasto público para adecuarlo a los recortados ingresos, cuya caída fue una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica de estos últimos años.

A la postre, la sociedad española se ha embarcado en una deuda muy difícil de asumir si no se ponen en práctica medidas muy firmes de ahorro de gasto público a la vez que hace lo posible para acelerar el crecimiento económico y, con ello, acelerar los ingresos fiscales. Siempre cabe el recurso a una subida de impuestos que, sin embargo, puede ponernos ante el riesgo de desincentivar la creación empresarial y la inversión productiva, riesgos que acabarían por empeorar el problema más que arreglarlo.

La Comisión Europea, este miércoles, en una decisión muy esperada, ha optado por no hurgar en exceso en nuestras heridas económicas y políticas, aunque nos ha impuesto un duro programa de ajuste, de unos 8.000 millones de euros de recorte de gastos en dos años, cifra ciertamente elevada pero que el próximo Gobierno, sea del color que sea, habrá de afrontar al margen de cuáles sean las actuales promesas electorales de los partidos que concurren a las elecciones, alguno o algunos de los cuales deberán asumir la responsabilidad de gobernar el país y, por lo tanto, de cumplir este programa de ajustes. Otra alternativa, claro está, es decir adiós a la UE, hipótesis maximalista que barajan algunos partidos radicales pero que nos sacaría del entorno económico en el que nos movemos desde hace ya bastantes años, con las consecuencias posiblemente muy negativas que ello acarrearía.

La actual situación del endeudamiento español tiene la enorme ventaja de los bajos tipos de interés a los que se está financiando desde hace más de un año. Es más, los tipos están siendo negativos en algunas de las emisiones de Deuda Pública que está realizando el Tesoro. Esta misma semana ha emitido Letras por importe de varios miles de millones de euros a tipos negativos en todos los plazos. Asusta pensar lo que pueda suceder a la economía si los tipos empiezan a subir, se dan la vuelta, y la enorme Deuda Pública acumulada, ya de por sí difícil de devolver, se convertiría en una auténtica soga al cuello de nuestra economía además de una hipoteca insufrible para las futuras generaciones.

Lo que nos acaba de exigir Bruselas, en suma, con esos 8.000 millones de euros de ajuste, es, dentro de lo malo, lo menos negativo a lo que nos estamos enfrentando como país a corto y medio plazo. Bruselas ha omitido cualquier castigo o multa, lo que habría sido mucho más negativo para la economía española. Pero tarde o temprano es una hipótesis a la que el próximo Gobierno tendrá que enfrentarse, sobre todo si no asume con más energía que el actual Gobierno un programa de reducción del déficit que permita aligerar la carga de la Deuda Pública.