La desigualdad autonómica avanza

Las diferencias de renta entre regiones españolas no se están corrigiendo. Más aún, están en fase ligeramente alcista. O sea, las zonas ricas lo son cada vez más y, a la inversa, las deprimidas no acaban de salir del atraso relativo. En una primera lectura, el vibrante Estado de las Autonomías, que en teoría iba a facilitar un acercamiento de los ciudadanos a un mayor nivel de vida y sobre todo una cierta aproximación y convergencia hacia la media nacional, está demostrando ser un instrumento inapropiado, un fracaso en suma. La pérdida de poder del Estado fuerte centralizado, tan denostado en los últimos tiempos, se ha traducido en un mantenimiento e incluso agravamiento de las diferencias de renta entre Autonomías. Las cifras sobre la renta regional española que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrecen un panorama poco gratificante. La trayectoria de estas diferencias de renta por habitante se pueden observar año a año.

A lo largo de la crisis económica de la que estamos a punto de salir, las diferencias entre regiones no se han suavizado sino que incluso han aumentado. Con los datos provisionales del año 2015, Madrid ocupa ya la primera plaza en renta por habitante, con un 36,6% por encima de la media nacional. Andalucía y Extremadura, en el lado opuesto, están un 26% por debajo de la media. Es decir, la renta por habitante de los habitantes de Madrid es casi el doble que la de andaluces y extremeños. Eso era así en el año 2015, pero en el año 2007, en vísperas de la crisis, las diferencias eran también importantes aunque algo menores., La crisis ha acentuado las diferencias entre regiones. Junto a Madrid, País Vasco y Cataluña siguen copando las primeras posiciones en renta por habitante, con Andalucía y Extremadura en el extremo opuesto.

¿Alguien se ha ocupado de ponerle remedio a este creciente despropósito? La feudalización política del territorio español durante los últimos tres decenios ha ido creando compartimentos estancos, con autonomías financiera y presupuestaria con poderes y funciones capaces de gestionar los recursos a escala local. Pero el papel conductor de las diferencias entre regiones es asunto que compete fundamentalmente al Estado central y nada parece haber logrado en esta dirección.

Las inversiones públicas de ámbito estatal habrían podido jugar un papel amortiguador de las diferencias de renta entre regiones, pero ha sido precisamente la inversión pública una de las víctimas más inmediatas de la crisis económica, la tarea por la que han comenzado los recortes y las medidas de austeridad para el conjunto de la economía. En la crisis económica de estos últimos siete años, la inversión pública no ha podido desempeñar sus funciones y puede decirse que este hecho se ha notado de forma muy directa en la consolidación de unas diferencias de renta entre Autonomías que no han disminuido.

Las diferencias de renta y la escasa corrección que se ha podido constatar en estos últimos años son más llamativas aún debido al importante papel que ha desempeñado en el crecimiento económico español de estos últimos años el brillante papel de la actividad turística que ha sido el principal contribuyente al crecimiento de la economía española. La actividad turística tiene un impacto positivo especial en el crecimiento de las regiones menos desarrolladas. Pues bien, de no haber sido por el resplandor del sector turístico en estos últimos años, las diferencias entre regiones españolas serían aún más acusadas en la actualidad.

El papel de algunas instituciones del Estado en la corrección de estas desigualdades tendría que ser revisado a fondo. Sin ir más lejos, el Consejo Fiscal en el que cada poco tiempo se discuten las perspectivas financieras de las Autonomías no está dedicando esfuerzo alguno a esta tarea. Otras instituciones del Estado, como el Senado, podrían también tomar cartas en este asunto. Todo menos abandonar esta tendencia a los vientos del mercado, al fatalismo y a la dudosa eficacia de los poderes regionales.