De espaldas a Bruselas

No sabemos a estas alturas si España tendrá Gobierno en el próximo mes de abril, para cuando la Comisión Europea tiene previsto, como es costumbre, emitir su informe sobre la economía española y las recomendaciones pertinentes. Lo que sí está claro es que los diversos pronunciamientos que ha realizado el único candidato que de momento está previsto para su investidura como presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, apuntan en una línea que va a resultar imposible de conciliar con el previsible contenido del análisis y sus correspondientes recomendaciones que nos llegarán desde Bruselas.

No deja de ser llamativo que todo el ruido previo a la investidura que estamos escuchando en España pasa de largo y por encima del hecho de que España es un país miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, las políticas domésticas han de conciliar sus procedimientos y objetivos con las que se practican en el entorno comunitario. Algo, por cierto, para lo que Bruselas tiene no sólo derecho de asesoramiento y consejo sino capacidad de imposición, variable en su intensidad según de qué política se trate. Elaborar un programa de Gobierno (así puede llamarse al acuerdo firmado entre los dos partidos políticos que lo han hecho en España, PSOE y Ciudadanos) sin contemplar su encaje con las políticas comunitarias es una insensatez que condena al enfrentamiento.

Del análisis que están haciendo en Bruselas sobre nuestra economía no tenemos certezas, aunque sí nos van llegando algunos retazos, líneas sueltas, argumentos dispersos, que apuntan casi siempre en dirección bastante opuesta a la que patrocina el líder socialista. El acuerdo que han firmado socialistas y los líderes de Ciudadanos es poco o insuficientemente explícito sobre las dos cuestiones económicas que van a estar sobre el tapete en cuanto comiencen las conversaciones con Bruselas. Es decir, el asunto del marco laboral y la cuestión del control del déficit. Es lógico que en ambas partes, sobre todo del lado español, se extremen las cautelas para no dar pistas al otro interlocutor, que eso queda para el regateo de la mesa de negociaciones. Además, el acuerdo sellado por los dos partidos políticos para gobernar en España está todavía bastante lejos de ser un programa de Gobierno en trance de ejecución, por la sencilla razón de que Sánchez no es todavía presidente del Gobierno español.

Las filtraciones que se anticipan desde Bruselas, que también se expresan con un alto contenido de posición táctica para la negociación, no de propuestas firmes y cerradas, son en estas dos cuestiones (mercado laboral y déficit público) muy distintas a las que se han cocinado en los partidos políticos españoles. De entrada, la firmeza con la que Sánchez y algunos portavoces socialistas han puesto el acento en la necesidad de derogar la reforma laboral del Gobierno saliente resulta llamativa, máxima teniendo en cuenta dos hechos de clara comprobación: los cambios en la legislación laboral han dado un fuerte impulso a la creación de empleo en España y la eficacia de estas medidas es valorada muy positivamente casi sin excepciones. ¿Por qué cambiar algo que ha dado y está dando tan buenos resultados?

La justificación que esgrimen Sánchez (y por lo tanto el partido Ciudadanos) y algunos líderes sindicales para derogar esta normativa novedosa es muy débil argumentalmente. La crítica a lo hecho por el Gobierno saliente se pierde en vagas argumentaciones sobre una pretendida “pérdida de derechos”, que no ha contado con refrendo en los tribunales de Justicia hasta el momento. Los redactores del informe sobre España que se conocerá con detalle dentro de unas semanas se han explanado en elogios, sólo limitados por el hecho de que piden unas reformas laborales más ambiciosas, como si lo hecho se hubiera quedado a medio camino. Recorrer lo que falta para completar la reforma laboral española y hacerla más eficiente no parece que se vaya a conseguir con las vagas propuestas que han lanzado los pocos críticos que se han lanzado contra la reforma. Lo que previsiblemente Bruselas va a decir al Gobierno español en abril (sea el de Sánchez o cualquier otro) es que la reforma laboral realizada por España debe ser completada, reforzada y ampliada.

La segunda cuestión económica capital, no de importancia menor, es la que atañe al gasto público, al ordenamiento de las Administraciones Públicas en materia presupuestaria con objeto de poner algo de orden en los números de las Autonomías y al necesario equilibrio entre ingresos y gastos, con una tolerancia cada vez más limitada al déficit que, aún hoy, en plena expansión de la economía española, ronda el equivalente al 4,5% del PIB. Sobre este asunto, nuestros políticos aspirantes a gobernantes se han deshecho en declaraciones bienintencionadas anticipando que en Bruselas se va a dar un margen de flexibilidad para que el cumplimiento del déficit sea más laxo de lo que ha venido siéndolo hasta la fecha. Son vanas ilusiones. Nada permite suponer que esta tolerancia vaya a ser la respuesta. Bruselas se va a mostrar bastante exigente con el Gobierno español, tal y como ya ha anunciado en las últimas semanas, urgiendo a tomar medidas incluso con un Gobierno en funciones. Hacerse otras ilusiones no deja de ser irresponsable y en todo caso una apuesta casi segura al fracaso.