Los españoles, desiguales ante el Fisco

Los españoles no somos iguales ante los impuestos. Un estudio que ha presentado este martes el Registro de Economistas Asesores Fiscales refleja las enormes diferencias que existen entre Comunidades Autónomas españolas en relación con la carga fiscal que soportan los ciudadanos. A veces, a algunos dirigentes políticos se les llena la boca con vehementes advocaciones a los derechos de los ciudadanos y son precisamente algunos de ellos los que han impulsado y aplicado medidas altamente discriminatorias en materia de fiscalidad, hasta convertir algunos tributos en auténticos atracos, cuando no en estructuras fiscales auténticamente confiscatorias. Las diferencias de fiscalidad son tan elevadas que empieza a ser rentable para algunos ciudadanos emigrar de una región o de una Autonomías a otra, según el trato fiscal que reciben. Las reflexiones que suscitará este importante análisis realizado por los asesores fiscales españoles resulta bastante oportuno ahora mismo, dadas las circunstancias en las que se mueve la vida pública, en donde hay una auténtica subasta de propuestas aparentemente progresistas en relación con la fiscalidad.

Es probable que detrás de las cifras que con periodicidad se manejan sobre desplazamientos de sedes de empresas de una zona a otra de la geografía del Estado español (estos días se ha publicado el éxodo de empresas desde Cataluña hacia otras Autonomías) hayan explicaciones relacionadas con los diferenciales tributarios, aunque estos afectan a las personas físicas. Pero también en este aspecto hay en los últimos tiempos evidencias de traslados de domicilios fiscales y de cuentas bancarias dentro de algunas entidades financieras que no están pasando desapercibidas y que, como efecto colateral, dificultan la gestión de los impuestos en general.

Las diferencias de fiscalidad que se han ido consolidando en España en los últimos años se instrumentan a través de los recargos en los impuestos cedidos, que principalmente son los de la Renta (IRPF), del Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Estas tres figuras impositivas ofrecen marcos tributarios muy diferentes según la región de que se trate, destacando el estudio de los economistas cómo Extremadura y Madrid son en buena medida prototipos de regiones en las que existe respectivamente la mayor y la menor presión fiscal en el IRPF.

Tiene su ironía el hecho de que estas dos Autonomías son justamente las que se encuentran en los dos extremos de la renta por habitante, Extremadura entre las más pobres y Madrid la de mayor renta. El hecho de que la fiscalidad sea más gravosa en el primer caso y más liviana en el segundo no es la cauda o el origen de este desajuste, aunque sí podría ser el principio del remedio para promover una mayor aproximación de rentas. Si se admite como válida la idea de que los bajos tributos incentivan la iniciativa privada y la creación de riqueza (en vez de ser un mecanismo de redistribución, como a veces propugnan desde posiciones ideológicas muy definidas), hay que reconocer que ambas Autonomías aplican una terapia que explica los resultados en la misma medida en que impide una igualación de rentas y de riqueza.

La maraña y la disparidad de normativas fiscales autonómicas (hay varios centenares de recargos y diferencias en las Autonomías) tiene, al menos, dos efectos perversos. Uno, la escasa eficiencia del sistema ya que, como es notorio, la normativa fiscal no produce ni mayor recaudación ni igualación de rentas entre habitantes de las diversas Autonomías. Hay casos tan flagrantes como el hecho de que al menos el 10% de los impuestos de sucesiones en España no se reconocen por los beneficiarios porque les resulta más rentable la renuncia que la percepción del teórico beneficio, de forma que hay algunas Autonomías en las que la “riqueza” procedente de herencias y testamentarías está aumentando de forma casi alarmante debido a la renuncia de sus titulares.

Un segundo efecto perverso es la floja capacidad recaudatoria de algunos de estos recargos fiscales, lo que conduce a que en algunas Autonomías cuesta más dinero gestionar los impuestos (es decir, realizar la recaudación) de lo que estos producen realmente. O sea, que la legislación fiscal y tributaria es en ocasiones fuente de auténtica ruina que se causan a sí mismos algunos Gobiernos autonómicos por el mero hecho de llevar su codicia hasta extremos de absoluta ineficiencia.