La factura de Bankia

El varapalo judicial a la chapucera colocación de Bankia en Bolsa (julio del año 2011) tendrá, cuando menos, la virtud de acelerar el proceso de devolución del dinero a varios miles de inversores. El Supremo, tras reconocer que hubo engaño en la venta de acciones de esta entidad, ha legitimado la recuperación del dinero por parte de quienes acudieron a la colocación en Bolsa y además ha rechazado la paralización de las reclamaciones, como pedía Bankia. Las actuaciones de la Audiencia Nacional en el procedimiento de carácter penal contra los administradores anteriores del banco seguirán su curso de forma independiente pero no van a interferir de momento en las reclamaciones por la vía civil, que hasta ahora habían arrojado una amplia mayoría, rozando la unanimidad, en favor de los demandantes en los numerosos pleitos que se están desarrollado en toda España.

Con este veredicto, el que no sale muy bien parado es el Banco de España, que en un comunicado tan inoportuno como carente de argumentos creíbles se ha desligado de aquella colocación bursátil en la que debería haber tenido una participación más activa y no de mero consultor externo, como quiere aparecer ahora.

El Banco de España sigue sin formular una explicación convincente al hecho de que dos de sus inspectores, “prestados” a la autoridad judicial para que asesoraran en la vertiente financiera de la valoración de la entidad bancaria, realizaran un demoledor informe descalificando los estados contables de Bankia cuando el propio Banco de España optó por mirar hacia otro lado. Bankia era un importante experimento de fusión de varias cajas de ahorros que merecía un tratamiento más riguroso y una mayor dedicación por parte del banco responsable de la supervisión bancaria. Una supervisión de la que el banco público por excelencia abdicó de forma inexplicable.

Para Bankia, la resolución del Supremo no le va a suponer a corto plazo muchos problemas adicionales, ya que la entidad tenía asumido que deberá hacer frente al coste de estas devoluciones, si bien los plazos se van a acelerar en alguna medida. De las reclamaciones potenciales, las de los inversores particulares estaban bastante avanzadas y el fallo del Supremo tendrá como consecuencia una afluencia aún mayor de reclamaciones, si bien el grueso del dinero reclamado ya está contabilizado e incluso con las correspondientes provisiones. Queda, sin embargo, ver la reacción de los inversores institucionales, que estaban a la espera del desarrollo de los procedimientos judiciales. Estas reclamaciones añadirán, por lo tanto, mayores cuantías al volumen total de dinero al que tendrá que hacer frente la parte demandada. La cuantificación final superará posiblemente los 3.000 millones de euros.

En qué medida estas reclamaciones, en conjunto, pueden deteriorar la imagen financiera de la entidad y obligar a un reforzamiento de sus recursos propios, es algo que está por ver. Quizás la operación de venta del control de Bankia, ensayada hace ya unos meses pero sin respuesta adecuada del mercado porque la cotización no acabó de remontar, experimente cierta demora y, sobre todo, puede modificar el abanico de opciones. Su comprador puede tener ahora otras procedencias. El nuevo estado de cosas en el frente judicial puede, incluso, acelerar los proyectos de fusión con otra entidad.

Las reclamaciones de los defraudados accionistas, en todo caso, afectan a Bankia, pero sólo en parte, ya que su principal accionista, BPA (es decir, el Estado), se hace cargo del 60% del dinero reclamado. El accionista principal posee alrededor del 64% del capital de Bankia, por lo que al final es el Estado el que va a tener que poner la amplia mayoría del dinero que se reclama por esta colocación bursátil. Por fortuna, parte ya está desembolsado, lo que no hace más liviana la carga.