¿Alguien habla de la Deuda española?

Una primera reprimenda sobre la situación económica española ha llegado desde Bruselas este lunes, una especie de aviso a navegantes. No es ninguna novedad pero no está exenta de oportunidad en vísperas de la formalización de una alianza para alumbrar un nuevo Gobierno, si es que las idas y venidas cristalizan y al final no nos envían otra vez a votar en las urnas. La advertencia, o reprimenda anticipada, si se puede dar por válido el calificativo, ha venido a cuento de los escasos esfuerzos que está realizando España para atemperar el elevado volumen de Deuda Pública, que este año 2016 podría superar ya el 101% del PIB, sin que existan por el momento apenas esperanzas de que este elevado nivel de endeudamiento baje del 92% del PIB hasta el año 2026. Hay que recordar que España arrancó la fase de crisis económica, allá por el año 2008, con un déficit que era la envidia de Europa, del 37% del PIB. Ahora, el peso de esta deuda es casi tres veces superior.

La forma en la que España está financiando esta cuantiosa deuda no ofrece en la actualidad mayores problemas, ya que los tipos de interés están históricamente muy bajos, la economía crece a ritmo del 3% y la confianza en el buen hacer de las autoridades españolas ofrece (hasta ahora) ciertas garantías de que las cosas podrán seguir así en un plazo más o menos dilatado. Siempre, claro está, que las políticas de gestión económica se mantengan dentro de una cierta ortodoxia.

Lo que preocupa, no sólo en Bruselas, la sede de la Eurozona, sino en otras muchas partes, es la sostenibilidad de esa Deuda Pública y la posibilidad de devolverla si no se llevan a cabo acciones significativas de corrección, algo que por el momento este Gobierno saliente no ha intentado. Tampoco sabemos lo que hará el siguiente, ya que de entrada no se sabe cuál será su composición. Pero cabe la posibilidad de que la tendencia dominante en el nuevo Gobierno posible no sea muy sensible a este tipo de asuntos. La Deuda Pública es, en todo caso, un tema de importancia crucial para el país por la sencilla razón de que una alteración, aunque sea modesta, de las condiciones de mercado, convertiría a la deuda española en insostenible. Las condiciones actuales no van a durar toda la vida ni siquiera existe constancia de que el actual entorno de bajos tipos de interés y elevada liquidez duren más allá de uno o dos años. Las condiciones, muy buenas en la actualidad, pueden torcerse y en ese caso España no podría hacer frente previsiblemente a las obligaciones de pago del elevado endeudamiento público existente.

Y ese es el mensaje que ha lanzado este lunes la Comisión Europea a las nuevas autoridades españolas, para que se ajusten bien las ideas y pongan en la hoja de ruta de sus obligaciones preferentes algunos ajustes significativos para lograr domesticar la Deuda Pública del país hacia cotas más sostenibles. Este mensaje descarta, en todo caso, cualquier veleidad expansiva en el gasto público, algo que tendrán que valorar adecuadamente los candidatos a gestionar la economía española en los próximos meses. La Comisión Europea no va a poner las cosas fáciles al nuevo Gobierno de Madrid y trata de atar corto a los aspirantes a la gobernación económica de España. Incluso con Rajoy al frente de los asuntos públicos, el día siguiente de la entrada en ejercicio del nuevo Gobierno, Bruselas nos va a recordar el ajuste pendiente de nuestras cuentas públicas y la necesidad de llevar a cabo cuanto antes un esfuerzo adicional de ajuste de los gastos. No está claro que estas reflexiones formen parte de los contenidos que vienen negociando estos días los partidos políticos que aspiran a formar una mayoría gobernante. Pero harían bien en valorar el alcance de las advertencias previas de Bruselas.