Hablar de las pensiones en tiempo electoral

No hay grandes esperanzas de que el debate político que vive el país desde hace unos meses con tantos procesos electorales en marcha, sobre todo el que concluirá con las elecciones generales de finales de diciembre próximo, las que darán paso a la formación de un nuevo Gobierno, sirva para clarificar un poco el horizonte del sistema de pensiones del país.

Algunos portavoces han hablado de reescribir el famoso Pacto de Toledo, una de esas raras expresiones de clarividencia que lograron encontrar los principales partidos políticos del país para elaborar una hoja de ruta que fuera admitida y asumida por las diferentes opciones políticas en un tema de tanta trascendencia colectiva como el futuro sistema de pensiones. Una revisión que lograra ahora mismo el mismo grado de consenso sería una bendición, aunque ejemplos de consenso apenas han sido vistos en la geografía política española en los últimos años. Esperar que ese hueco de clarividencia se produzca en plena refriega electoral es, por desgracia, muy poco probable.

Por lo general, las propuestas de reforma que se esgrimen son optimistas cantos de sirena en los que se ofrecen a los pensionistas, actuales y futuros (los actuales son 9,3 millones, aunque los futuros van a superar holgadamente esta cifra, sobre todo cuando empiecen a incorporarse los españoles procedentes de la etapa de la explosión demográfica de finales de los años 60 y principios de los años 70. En los últimos doce meses, el aumento de los pensionistas apenas ha sido de 227.000, pero el potencial de crecimiento es bastante mayor. La cifra rebasará con generosidad los 10 millones de pensionistas si antes no se toman algunas medidas destinadas a suavizar el impacto demográfico, lo que equivale a hablar inevitablemente de nuevos aumentos en la edad de jubilación, que ahora está en fase de aumento gradual hasta los 67 años.

Vienen años en los que las entradas al ejército de jubilados van a ser muchas y las salidas, más bien escasas, debido a la prolongación de la esperanza de vida, lo que no deja de ser un dato ilusionante (los españoles viven más años), pero que en términos contables agudiza el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones si este no está correctamente financiado. Uno de los datos posiblemente más escalofriantes del desequilibrio al que se encaminan las cuentas de la Seguridad Social es el hecho de que la pensión media que acreditan, y que empiezan a cobrar, los nuevos jubilados, es en torno a un 44% más elevada que la pensión que perciben quienes causan baja en el sistema por razón de fallecimiento. Es decir, que con el mismo número de jubilados, el aumento de los costes de la Seguridad Social va a ser espectacular en estos próximos años.

Estos días se ha publicado el dato de coste de las pensiones en el mes de agosto, 8.270,5 millones de euros, que es la cifra más elevada de la historia del ente público aunque, para consuelo (relativo) de casi todos, este importe es apenas un 2,8% superior al de un año antes. Esto significa que el crecimiento en términos relativos se ha suavizado respecto a meses anteriores, pero posiblemente se trata de un efecto transitorio que no ofrece muchas expectativas de continuidad porque la divergencia entre ingresos y pagos es por desgracia creciente y posiblemente inevitable. Sólo mediante una vigorosa creación de empleo se podrían suavizar las tensiones financieras que se avecinan en la Seguridad Social y ello tampoco es seguro que provocara las consecuencias suficientes.