Las grullas de Villar de Cañas

Hace cinco años que el llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC) debería estar funcionando en algún lugar de la geografía española. El proceso de selección de localidades dispuestas a albergar en su municipio este almacén de residuos nucleares, previsto para 6.700 toneladas de material radiactivo, ha sufrido innumerables retrasos. La gestión de este proceso ha corrido a cargo de Gobiernos del PSOE y del PP. Finalmente, el pasado 30 de diciembre del año 2011, recién llegado el actual Gobierno al poder, en el segundo Consejo de Ministros que presidía Rajoy, fue seleccionada una de las cuatro localidades candidatas, Villar de Cañas, un pequeño municipio de Cuenca (Castilla La Mancha), localidad eminentemente agrícola cuyo medio de vida se apoya básicamente en los cultivos cerealistas.

Las obras para la puesta en marcha del almacén han empezado ya hace unos meses, con una inversión prevista de 540 millones de euros, aunque algunas fuentes hablan de hasta 900 millones. El proyecto cuenta con el apoyo mayoritario de los habitantes de la localidad, gobernada por un alcalde del PP, que han visto desde el primer momento, cuando se inició el proceso de presentación de candidaturas, allá por el mes de junio del año 2006, una oportunidad histórica para sacar de la marginación y de la modestia a un pueblo de unos cuantos cientos de habitantes, apenas medio millar, que puede registrar un cierto avance demográfico en el inmediato futuro, y sobre todo un importante salto en sus equipamientos y en la actividad económica que siempre rodea una instalación de este tipo, en la que van a prestar sus servicios profesionales de alto nivel.

La polémica ha rodeado desde el primer momento este proyecto, frente al que los dos grandes partidos nunca han adoptado una posición unánime. Los Gobiernos sucesivos del PSOE y del PP han contado siempre con la oposición de las Comunidades Autónomas a las que se señalaba, durante el largo proceso de selección, como candidatas a acoger esta instalación. Los sectores disidentes de los dos grandes partidos políticos se han alineado sistemáticamente con los grupos sociales y políticos opuestos a la energía nuclear.

Pero esta oposición de algunos sectores ha dejado de lado los graves inconvenientes que se le plantean al país a causa de la demora en la construcción de esta instalación, imprescindible para albergar los residuos de los 10 reactores nucleares que han generado los materiales radiactivos que ahora se pretende centralizar. Hasta la fecha, los residuos se han almacenado de forma provisional en las propias centrales, de forma que existen seis lugares de la geografía en los que se han ido situando estos residuos, con el riesgo de la multiplicación de riesgos.

Además, otra parte importante de los residuos se ha ido trasladando por carretera y por mar a almacenes contratados fuera del país, concretamente en Reino Unido y en Francia. Los contratos para estos almacenamientos ya han expirado y por ello España debe abonar en la actualidad unos sobrecostes estimados en unos 60.000 euros diarios. Desde finales del año 2011, el contador de estas penalizaciones está corriendo de forma inexorable, lo que implica un elevado coste para el país, además de los riesgos derivados del futuro transporte al centro que finalmente reciba estos materiales radiactivos. En Europa hay funcionando ya media docena de almacenes de este tipo, dos de ellos en Francia, en donde han sido alojados provisionalmente, previo pago, una parte de los cientos de toneladas de material radiactivo que nuestro país ha sido incapaz de almacenar. España es el único país con industria nuclear desarrollada en el que no existe un almacén de este tipo, con el consiguiente riesgo en términos de seguridad, además del elevado coste económico derivado de la actual dispersión de los residuos que se han ido generando en las centrales.

La decisión de las nuevas autoridades de Castilla La Mancha (ahora socialistas) de buscar una argucia legal (extender la zona protegida de un territorio habitado por las grullas, pájaro desconocido y en todo caso poco apreciado en el término municipal de Villar de Cañas, debido a los daños ocasionales que causan a las cosechas) constituye un serio traspiés. No se entiende bien cómo un Estado como el español tropieza con serias dificultades a la hora de poner en marcha un proyecto de interés nacional y de importancia estratégica, con trascendencia en la seguridad nuclear, a causa de decisiones de ámbito local, que se imponen al interés colectivo, al interés del país. El ingenioso procedimiento utilizado por las autoridades autonómicas (la protección a las grullas, casi inexistentes en el territorio en el que se va a instalar el ATC) pone una vez más de relieve los disparates que puede gestar el Estado de las Autonomías, en donde siguen sin estar claros los ámbitos de decisión que corresponden a cada jurisdicción territorial.

Que la defensa de las inexistentes grullas de Villar de Cañas condicione la política de seguridad nuclear nacional es un ejemplo del estado al que está llegando el Estado de las Autonomías. En todo caso, parece dudoso que la defensa de este pájaro (que en Villar de Cañas consideran incluso como un enemigo, por sus destrozos en las cosechas) justifique el pago de 60.000 euros diarios que pesan sobre el país por las penalizaciones derivadas del retraso en construir el ATC. Nunca una especie protegida habrá costado tanto.