Rajoy no quiere dejar escapar la oportunidad de apuntarse a su balance los buenos datos que la economía está deparando en el año 2015, cuyas cifras se han ido revisando al alza hasta alcanzar, junto a mitad del año, una previsión de crecimiento del 3,3%, de acuerdo con el más reciente análisis del Gobierno. Esta previsión supera en cuatro décimas la que se manejaba hasta la fecha y es un nuevo salto en la carrera al alza que viene desarrollándose desde principios de año, cuando las previsiones apenas apuntaban al 2%, en el caso de las más optimistas. El cambio de decorado, por lo tanto, es espectacular y su reflejo en las estadísticas de paro y ocupación, así como en la afiliación a la Seguridad Social, explica bien a las claras la fuerte reacción que estamos viendo en el consumo privado, convertido en el principal motor de la economía, aunque la exportación también está contribuyendo de forma muy activa junto con el turismo gracias en ambos casos a la buena trayectoria que registran las economías de la Eurozona.

Hace apenas dos días, cuando Hacienda dio a conocer las cifras de ejecución presupuestaria hasta finales de mayo, el Ejecutivo ya había dado la primera señal que anunciaba un cambio en su estrategia económica, mediante una aceleración de las políticas expansivas. La proximidad del periodo electoral más intenso, el de las elecciones legislativas en las que Rajoy se juega su futuro político y el PP la mayoría absoluta que nadie le adjudica de antemano, ha aconsejado a los estrategas del partido gobernante a calentar el bolsillo de los ciudadanos en una fecha tan inusual como la del inicio del éxodo vacacional. Además, un cierto aire de improvisación da más fuerza política a esta decisión, que se ha anunciado incluso con efectos retroactivos, ya que las rebajas fiscales anunciadas, que atañen sobre todo al IRPF, se aplicarán desde el pasado día 1 de julio. Lo lógico habría sido que el paquete de medidas fiscales se hubiera anunciado a mediados del mes de junio, para que los españoles hubieran podido preparar sus maletas a sabiendas de la buena nueva.

Rajoy ha tomado la decisión, por lo tanto, de forma quizás precipitada, en un desesperado intento por hacerse con el favor de los votantes para el último verano de la actual legislatura. Lo que vendrá después de las elecciones de finales de año ya será otro cantar. La rebaja que ahora se aplica con efectos retroactivos estaba prevista para el primero de enero del año 2016, lo que significa que tanto si Rajoy perdía la mayoría absoluta como si ganaba por margen muy precario, el recorte fiscal de enero de 2016 no podría ser objeto de capitalización política a su favor. Anticipando su disfrute por parte de los contribuyentes seis meses, el Gobierno apura los plazos y trata de sacar el mayor partido posible a sus cambios.

El margen para la bajada de impuestos, que se estima tendrá un efecto en términos de mayor renta del orden de los 1.500 millones de euros para este segundo semestre del año 2015, se deriva del incremento de la recaudación fiscal ya anunciado a principios de la semana. A pesar del frenazo en la recaudación del IRPF a causa de la aplicación de la última reforma fiscal, los ingresos por este tributo han sido prácticamente los mismos que un año antes hasta mayo, lo que cabe atribuirlo al mayor número de contribuyentes en condiciones de pagar a Hacienda sus impuestos por IRPF. El aumento del empleo ha sido determinante.

Pero, en conjunto, los demás impuestos han reflejado también aumentos sustanciales, un 7% más en los cinco primeros meses del año. Los impuestos sobre renta de las Sociedades pueden ser este año la principal fuente de adición de ingresos, sobre todo en la segunda mitad del año, por razones estacionales. Por lo tanto, la composición que se han hecho en el Gobierno es la de que nada impedía anticipar las previstas rebajas de primeros del año 2016, para que así las capitalice políticamente el Gobierno que las aprobó en su momento. A partir de enero del año 2016, las cosas serán muy diferentes.

No ha quedado, sin embargo, suficientemente claro si en paralelo el Gobierno va a acometer un plan más ambicioso de rebaja de la Deuda Pública, que es realmente nuestro principal problema económico a medio y largo plazo. La rebaja fiscal no debería dañar de ningún modo el cumplimiento del objetivo del déficit público ya comprometido y que forma parte de los planes económicos discutidos y sellados con Bruselas. Cabría discutir si el exceso de recaudación de este año, que al parecer será sustancial, debería haberse destinado prioritariamente a rebajar el déficit y la deuda o a rebajar los impuestos a los ciudadanos y votantes. Quizás haya margen para ambas cosas a la vez. Pero a un Gobierno en posición de vísperas electorales y con pronósticos más bien precarios de cara a las urnas, pedirle sacrificios heroicos no parece razonable. Desde luego, el asunto no tendría precedentes.