Población, gasto público y futuro

Con crisis económica o sin ella, los movimientos de población tienen su propia dinámica que sólo parece alterarse de forma marginal a causa de los avatares de la economía. Aun así, alguna relación existe entre el estado de la economía y cosas como la natalidad o el crecimiento de la población, el número de matrimonios o los movimientos migratorios. Estos últimos son posiblemente los más afectados y su variación, al alza o a la baja, tiene consecuencias importantes sobre la tasa de natalidad, según se puede observar en los análisis que periódicamente da a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último de ellos está recién salido del laboratorio de esta institución.

Hay algunos resultados que llaman la atención en el último repaso al movimiento de población en España, unos datos cuya difusión coincide con la última radiografía de Eurostat, el organismo estadístico de la UE, en la que se detalla la forma en la que los Estados miembros de la organización han afrontado estos años de crisis a la hora de manejar su gasto público. El caso español es bastante relevante porque resulta de los más extremos, es decir, en donde las políticas de ajuste han sido más incisivas y posiblemente más injustas o en todo caso más cuantiosas. En nuestro caso llama poderosamente la atención el doble rasero que la crisis ha aplicado a los gastos públicos, elevando unos (gasto en pensiones, pagos en seguro de desempleo y masivas asignaciones de dinero para pagar los intereses de la Deuda Pública, muy crecida a lo largo de los años más duros de la reciente crisis) y recortando otros, básicamente los de Sanidad y Educación. A primera vista, la distribución no resulta muy estimulante y no refleja una sociedad predispuesta a ganarse el futuro.

Cuando se cruzan los resultados de ambos análisis, el demográfico y el de la asignación del gasto público, con sus aumentos y recortes, todo parece apuntar hacia una evolución más bien calamitosa o, en todo caso, preocupante. Es una realidad que la población envejece, lo que encaja más con el recorte en los gastos sanitarios. Recortes también se producen en el gasto educativo mientras el desempleo ha aumentado hasta proporciones desconocidas en nuestra sociedad. Bien es verdad que tanto la Sanidad como la Educación son competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y que la disponibilidad de dinero ha sido más bien escasa en estas administraciones territoriales durante estos años. Además, estos entes carecen de potestades para incrementar sus ingresos fiscales en la medida que necesitarían y su recurso al Estado es precario, porque el Estado ha tenido durante la crisis sus propias estrecheces, la principal de ellas pagar la Deuda Pública, con crecientes obligaciones precisamente para socorrer a las Autonomías, carentes de recursos.

Durante el año pasado, la población española aumentó en unas 31.700 personas, la cifra más baja de los últimos 15 años. Todavía en el año 2008, la población aumentaba a ritmo de 134.300 personas. El frenazo de la población ha sido, por lo tanto, descomunal, lo que augura un país con recursos humanos decrecientes. Mientras tanto, la población en edad de jubilación crece de forma notable debido al alargamiento de la esperanza de vida, que se ha situado ya en los 83 años de edad. Esto significa que los jubilados están cobrando su pensión en promedio durante 21,2 años (el tiempo que media entre su jubilación y su fallecimiento), en contraste con los 19 años de hace 10 años. Ello explica, en parte, el aumento del gasto en pensiones, además del aumento de la pensión media, ya que los nuevos jubilados tenían durante su actividad sueldos más altos y por lo tanto acreditan pensiones más elevadas.

Con una población cada vez más avejentada y con un gasto público cada vez más concentrado en funciones que no son precisamente productivas, el porvenir se nos presenta cargado de carencias.