Objetivo, reducir deuda

De entre las variadas y numerosas recomendaciones que ha realizado estos días la OCDE a España hay una que merece una particular atención, como la propia organización enfatiza: la reducción de la enorme deuda que tiene el país y que roza el 100% del PIB, cuando empezamos la andadura por la dura crisis iniciada en el año 2008 con unos niveles de deuda que apenas rondaban el 34% del PIB y que eran, por entonces, la envidia de medio mundo, por no decir del mundo entero.

Se argumenta algunas veces que otras economías desarrolladas (Francia, Estados Unidos y no digamos Japón) cuentan con un peso de su deuda pública superior, e incluso bastante superior, al 100% del PIB, por no hablar de otras economías también relevantes como Italia o Bélgica y desde luego algunos países mucho menos relevantes, como Grecia. La diferencia frente a los países grandes es que en España, el coste medio anual de la deuda pública tiene una considerable importancia cuando se considera su impacto económico.

Cada año, España paga unos 35.000 millones de euros en intereses para responder al mantenimiento de esta deuda. Si esa cifra se redujese a la mitad, lo que ahora sólo sería posible en la práctica mediante la amortización de su importe y no mediante rebajas en los tipos de interés debido a que ya están en mínimos históricos, el dinero que se ahorraría en intereses serviría para vigorizar la inversión pública y crear empleo o para reducir impuestos o, como sugiera la OCDE, para fomentar la investigación con el fin de mejorar la estructura productiva del país y reforzar el papel de la industria, tan necesaria para darle consistencia y sostenibilidad a la economía española y sobre todo para crear empleo sostenible.

Dejar de lado todo propósito de mejorar nuestro endeudamiento público es condenar al país a vivir una existencia sobrecargada de compromisos financieros que nos condenan a la mediocridad económica. Reducir la deuda mediante atajos, como proponen algunos de los visionarios que han aparecido últimamente en la vida pública española, como por ejemplo quienes proponen aplicar una quita unilateral, olvidando que una buena parte de la deuda pública española está en manos de instituciones españoles (el Fondo de Reserva para la Pensiones, sobre todo), nos llevaría a un endurecimiento de las condiciones de financiación, lo que dispararía el coste medio de la deuda externa. La deuda española está en estos momentos a unos niveles de coste mínimos históricos, aunque debido a la elevada cuantía de la deuda, el coste financiero está en máximos históricos.

Durante el pasado año, la emisión de deuda nueva tuvo un coste medio del orden del 1,7%. Este año, las emisiones se están realizando a un coste medio incluso inferior. No obstante, el coste histórico, contando con todas las emisiones realizadas en los años anteriores, debe estar en torno al 3,5%. Un empeoramiento de la valoración de que goza la deuda entre los inversores, sobre todo internacionales, enturbiaría de forma considerable esta magnífica y confortable posición financiera. Por ello es interesante afrontar ahora un programa de reducción de la deuda pública más audaz. La OCDE propone derivar todos los beneficios, o una parte sustancial de ellos, de la mejora de la economía a reducir el endeudamiento público. Sería una buena oportunidad para evitar que un futuro horizonte de tipos de interés más altos (que quizás esté más cercano de lo que parece) convierta a la deuda pública española en una losa que anule o limite en exceso las posibilidades de crecimiento del país.