El dinero autonómico en vísperas electorales

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que hoy reúne al Gobierno con los representantes de las Autonomías, tiene una difícil papeleta, como es habitual, la de poner un poco de disciplina en las cuentas de las Administraciones Públicas. El empeño de por sí es complejo pero en vísperas de una campaña electoral que deberá someter a escrutinio la representación real de las fuerzas políticas ve redoblada su importancia. Las posiciones de los diferentes actores de este drama financiero llegan muy distanciadas a la reunión, entre otras cosas porque las Autonomías que han realizado importantes esfuerzos para corregir los desequilibrios fiscales y ajustarse a los objetivos marcados están empezando a ver cómo el Gobierno administra y reparte facilidades y condonaciones que benefician de forma especial a los incumplidores.

Los entes autonómicos se encuentran en vísperas de una probable escalada en el gasto, que ya es perceptible en los presupuestos autonómicos que han sido aprobados en los últimos meses. Los análisis catastrofistas que se realizan en algunos medios, algunos de los cuales con sello oficial, como el de la Autoridad Fiscal Independiente, empiezan a gozar cada vez de mayor credibilidad, en especial en las instituciones europeas.

La reunión del Consejo Fiscal no va a ser, en suma, una ocasión que aproveche el titular de Hacienda para tratar de recuperar el control de la situación en las finanzas públicas autonómicas ni mucho menos para lanzar una reprimenda a los incumplidores, que son mayoría (hasta nueve de los 17 entes autonómicos, como ha recomendado la Autoridad Fiscal Independiente hace apenas unos días), sino la probable escenificación de un acto de conciliación en el que Hacienda confirmará sus planes de condonación de intereses a todas las Autonomías (independientemente de que hayan cumplido o no los compromisos de control del déficit) a cambio de poco más que buenas palabras. El coste de la operación rondará los 2.000 millones de euros.

En unos momentos de efervescencia electoral, en los que algunas Autonomías pueden cambiar de partido gobernante, hay pocas posibilidades de esperar cordura en el manejo del gasto público. Y menos aún si no la han practicado en los años anteriores. Los entes autonómicos son los únicos que en estos últimos años han sido incapaces de controlar el desequilibrio entre ingresos y gastos. La drástica caída de los ingresos fiscales autonómicos, a causa de la crisis económica, no ha estado acompañada ni de lejos por un esfuerzo paralelo en la maquinaria del gasto, a pesar incluso de las inyecciones, en ocasiones masivas, que el Estado ha instrumentado en favor de unos entes que han perdido toda posibilidad (salvo contadas excepciones) de recibir financiación ajena ya que las agencias de calificación hace tiempo que han rebajado al mínimo sus ratings.

El déficit autonómico está, por lo tanto, en peligro de desbordamiento. El 1% de límite sobre el PIB que se había fijado para el año 2014 no parece probable que se pueda respetar y el algo más exigente para el año 2015 parece fuera de toda lógica, ya que pocos creen que en un año electoral vayan a aumentar las capacidades financieras para buscar el mayor grado de equilibrio fiscal. Ya han proliferado las ofertas, no ya de subidas de impuestos, que sería lo lógico en unas Haciendas al borde del quebranto, sino las ofertas de recortes de tipos impositivos en algunos tributos de especial incidencia en los bolsillos de los votantes.

La deuda acumulada por los entes autonómicos se sitúa en torno al 22% del PIB español, unos 230.000 millones de euros. Es decir, una cuarta parte del déficit público del conjunto de la economía del país. Un déficit que resulta difícilmente sostenible. El Gobierno de Rajoy ha dejado escapar una ocasión histórica de poner orden en la financiación autonómica. El horizonte a medio plazo para corregir este problema no ofrece garantías mejores.