Las elecciones ya mueven dinero

La intensa actividad electoral del año 2015 empieza a movilizar a partidos políticos y Administraciones Públicas. Y de manera especial al Gobierno, vistos los presagios de desastre electoral que anticipan los diversos sondeos para el partido gubernamental, desbordado por la abstención, las ofertas populistas y las nuevas estrategias de algunos de sus principales oponentes tradicionales, en especial los socialistas. Si la dinámica de la economía se mueve hacia arriba, y los ciudadanos lo perciben – algo de lo que tendría que hacerse eco la maquinaria propagandística del Gobierno con algo más de habilidad y credibilidad que hasta la fecha -, Rajoy habría dado un gran paso a la hora de intentar recuperar a una buena porción de votos, sobre todo de los que le apoyaron hace tres años y han desertado en favor de otras opciones, quizás muchos de la abstención.

El Gobierno ha llegado por los pelos, pero parece que ha llegado, a una ligera recuperación de las cifras de la economía, que será en todo caso una de sus principales bazas (no la única) de cara al nuevo curso electoral. Que el PIB pueda crecer en el año 2015 entre el 2% y el 2,5% es indudablemente una buena noticia, aunque el crecimiento es modesto y no dará mucho juego de cara a la ceración de empleo, ya que las próximas elecciones generales previsiblemente se celebrarán con una tasa de paro superior al 20% de la población activa.

Esta constatación ha servido al Gobierno para activar algunos frentes en su estrategia política. El más importante es la prioridad a una nueva “agenda social”, que ponga sobre la mesa nuevos recursos para los sectores menos favorecidos de la población, como ha hecho con la nueva paga a los parados de larga duración con cargas familiares, que podría afectar a algo más de 400.000 personas y cuyo coste alcanzará como máximo los 1.200 millones de euros a lo largo del año entrante.

No es mucho dinero para las arcas públicas, pero el ámbito social al que afecta parece significativo, ya que permitirá reducir de forma apreciable el porcentaje de los parados sin prestación alguna. Junto a esta medida, el Gobierno se debate en medio de un mar de dudas sobre la conveniencia de elevar el salario mínimo, exigencia tradicional de los sindicatos y de los partidos de izquierdas, pero que cuenta con numerosas contraindicaciones a pesar de que el salario mínimo español está a cierta distancia, naturalmente por debajo, del que se maneja en la Unión Europea. Una elevación del salario mínimo puede dificultar aún más en las actuales circunstancias la inserción de jóvenes, sobre todo los que tienen escasa formación, en el mercado de trabajo, razón por la que el Gobierno se lo esté pensando con bastante minuciosidad. Además, la devaluación salarial en los últimos años ha sido muy intensa, de forma que los costes laborales unitarios de nuestro país se han situado bastante por debajo de la media europea, agudizando la pérdida de renta por habitante en términos relativos con la media de la UE.

La recuperación del electorado perdido va a contar además con otro aliado importante, la deflación que vive la economía española. De cara a los pensionistas, la suma del escueto aumento que se va a realizar para las pensiones públicas en el año 2015 y de una caída de precios dará como resultado un aumento de la renta real de los pensionistas bastante presentable, sobre todo cuando se la compara con las modestísimas subidas, cuando no bajadas, de los salarios en el sector privado. Si a ello se une el efecto de la rebaja fiscal del recién aprobado nuevo IRPF, que inyectará más renta disponible a las familias, y las rebajas de tipos que algunas Autonomías tienen en marcha para sus respectivos territorios, el abanico de ofertas será bastante abundante. Falta que los decepcionados electores se lo tomen en consideración.