Las otras tarjetas B

La escandalosa utilización de las tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia ha causado una auténtica conmoción social y política, además de moral. Han sido los 15 millones de euros con peor reputación de la historia bancaria española. La cantidad, en sí misma, no es nada del otro mundo, sobre todo porque estaba distribuida entre algo más de 80 personas. Lo importante era la contabilidad subterránea, un dinero que no sólo estaba en buena medida ausente de los circuitos de Hacienda sino de la propia contabilidad oficial y que servía para asegurar adhesiones y lealtades, de todos los colores políticos, ya que el grupo gobernante (el PP) quería tener voz y mando sin apenas discusión.

Cuantías menores para pecados de gran fuste. Ahora están empezando a salir otras cifras, que no tienen la vitola del escándalo porque detrás no hay (o todavía no hay) nombres propios y porque, que se sepa, no han sido sistemáticamente destinadas a sufragar los caprichos y los lujos de los directivos de las cajas quebradas. Pero el titular de Economía, Luis de Guindos, de quien depende el Frob (el organismo público que ha tomado las riendas de la crisis financiera y bancaria por cuenta del Estado) acaba de dar a conocer un primer avance estimativo del dinero que habría sido objeto de mala administración en las cajas en las que el Estado ha tomado el poder y la responsabilidad de sanear balances. Es decir, en las cajas a las que está soportando con dinero público para evitar que se hundan.

La cifra es en este caso de mayor cuantía, 2.600 millones de euros. Hace dos semanas se adelantó otra cifra estimativa, la de 2.000 millones de euros, que en pocos días ha engordado hasta los citados ahora 2.600 millones de euros. Es la suma de las financiaciones (“operaciones irregulares”, según la expresión utilizada por el ministro) concedidas a negocios ruinosos o de escasa viabilidad y que permanecían semiocultas en los balances de las entidades en quiebra, fundamentalmente Catalunya Caixa y NCG (la caja gallega, resultante de la fusión de las dos mayores cajas de ahorros de Galicia, ahora convertida en banco ya vendido a un grupo inversor extranjero).

La clarificación de las cifras de los balances y cuentas de resultados de las entidades financieras rescatadas, entre ellas las dos entidades señaladas, ha permitido aflorar al menos 42 operaciones irregulares, en las que se concedieron créditos, por lo que parece, con muy escasas posibilidades de recuperación. Algunas de estas operaciones (23, centradas en las dos cajas citadas) ya están en trance judicial, es decir, serán los tribunales de Justicia los que deban dictaminar si fueron operaciones bancarias simplemente fallidas a causa de la crisis o, por contra, esconden otros artilugios financieros inconfesables. El hecho de que la Fiscalía haya tomado cartas en el asunto ya es bastante ilustrativo.

La investigación debería permitir una clarificación diáfana de quienes han sido los protagonistas de estas operaciones, tanto los que concedieron estas financiaciones como los que se beneficiaron de ellas. Posiblemente el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, que ha hecho correr ríos de tinta, se quede en una minucia al lado de las cuantías que se han movido en las “operaciones irregulares”.

El quebranto de las cajas no está, por lo tanto, agotado. Faltan todavía algunas sorpresas, que no serán necesariamente flecos de menor cuantía. El segmento de las cajas de ahorros ha sido una auténtica pesadilla para el oficio de banquero en España, aunque en el caso de las cajas de ahorros esta función fue usurpada en más ocasiones de las deseables por personas que ni tenían preparación profesional suficiente para el desempeño de sus responsabilidades ni, por lo que hemos podido ver, los fundamentos éticos suficientes y necesarios para ejercer bien sus funciones.