El coste invisible de la corrupción

La lista de políticos y dirigentes españoles involucrados en procedimientos judiciales a causa de presuntos delitos de corrupción crece a pasos agigantados. Hay días, como este lunes, en los que ha habido una auténtica avalancha de sospechosos, gente que ocupó (o incluso ocupa aún hoy en día) cargos políticos desde los que habrían actuado con venalidad. La impureza de las conductas ha impregnado, por lo que se está viendo, a todos los partidos políticos sin excepción, aunque con mayor énfasis en aquellos casos en los que se han ocupado parcelas de poder desde las que era posible manejar dinero público sin control suficiente (por lo que estamos viendo) y, sin escrúpulos, desviarlo hacia los bolsillos particulares.

Empieza a ser preocupante además la dimensión de la corrupción como fenómeno estrictamente económico, pero resulta también dramática la ausencia de mecanismos de control eficaces a todos los niveles. No tanto porque no existan. Las instituciones de supervisión y vigilancia de todo lo que atañe al gasto público son numerosas en nuestro país, cuestan un elevado volumen de dinero al Estado y a los entes públicos de ámbito estatal, autonómico o local. Pero a la hora de la verdad no han desempeñado bien su función. Se podría llegar a plantear la necesidad de crear supervisores que vigilen a los supervisores aunque parece más sensato hacer una labor de limpieza de las instituciones que no funcionan.

Posiblemente el problema reside en mayor medida en el procedimiento de elección y reclutamiento de los ciudadanos que integran esos entes de supervisión y vigilancia. La realidad nos conduce sin embargo a un escenario mucho más desdichado: los organismos de control suelen ser instituciones repletas de gente que llega a sus puestos por la vía política. Son los propios partidos políticos, a los que se trata de vigilar, los que imponen a quienes deben ocuparse de supervisarles, de modo que el sistema está bastante viciado en su origen.

Hay indudablemente una dimensión moral y ética en la corrupción, pero también hay una vertiente económica que puede ser muy nociva para los intereses generales del país. Se ha dicho que el coste de la corrupción en España ronda el 1% del PIB, es decir, unos 10.000 millones de euros anuales. Algunas estimaciones han llegado a cifrar este coste en niveles del 3% del PIB.

Con círculos tan viciados en las tomas de decisiones públicas, es patente que muchos inversores internacionales, que a veces han de ajustarse a comportamientos y protocolos éticos que les imponen sus países de origen o incluso sus propios órganos de gobierno societario, pueden situar a España fuera del circuito de sus tomas de decisión. No siempre ocurre así, ya que también hay casos de empresas multinacionales que se van de España o que eluden hacer negocios en nuestro país porque no están dispuestos a transigir con algunas normas internas de conducta o con algunos niveles de fiscalidad que resultan menos permisivos que en otras partes.

Pero importa sobre todo la casuística de la que no existen estadísticas, la de quienes no vienen porque este no es un país limpio, no hay igualdad de oportunidades y hay demasiado juego subterráneo en el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos. Este tipo de inhibiciones no podemos valorarlas pero posiblemente están viciando nuestras oportunidades de crecimiento económico. Y hay también un problema de credibilidad, ya que con tantos vericuetos y presuntas anomalías en el funcionamiento de lo público (y en parte también de lo privado), no siempre estamos en condiciones de ofrecer una imagen fiel de nuestra realidad.