El PP, otra vez contra la clase media

Cambiar las reglas de juego a mitad del partido es una mala costumbre que en España suele aplicarse, además, a un terreno altamente sensible como es la regulación de los impuestos. La reforma fiscal en trámite de debate parlamentario (para finales de año podría estar lista y aprobada, casi al tiempo que los Presupuestos) ha venido a reordenar el catálogo de tipos impositivos. Generalmente lo hará para bien, es decir, para rebajar los costes fiscales de ciudadanos y empresas, de forma que el tejido productivo podrá beneficiarse de un riego adicional de recursos, que no le vendrá nada mal.

Pero, por desgracia, no todo son buenos augurios para la renta de los contribuyentes de cara a los próximos meses. Es más, hay algunas medidas que pueden neutralizar en muchos casos el impacto de las bajadas en el IRPF e incluso generar un efecto neto negativo. En efecto, una sorpresa – bastante desagradable -aguardaba a la mayoría de españoles que quieran vender su vivienda habitual en el futuro: los impuestos por plusvalías (tanto en viviendas como también en otros activos, como acciones) se multiplicarán a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación fiscal, medida que no afectará sin embargo a algunos colectivos como las personas de mayor edad (jubilados) o a quienes reinviertan el dinero obtenido por la venta bajo determinadas condiciones. La casuística es amplia pero en general el castigo fiscal, (consistente en suprimir dos coeficientes correctores, uno de ellos el derivado de la inflación) puede llegar a resultar bastante severo. Una ingeniosidad que se le ha ocurrido al Partido Popular, en teoría el que mejor representa o debe representar los intereses de la amplia clase media española, es decir, el vivero principal de donde el partido gobernante obtiene los créditos electorales para gobernar.

Las reacciones en el abanico parlamentario y político están siendo bastante airadas y al partido gobernante le han sorprendido por su amplitud. Puede quedarse solo en el impulso a una medida que castiga severamente a un segmento de la población que ha ejercitado el ahorro con tesón a lo largo de los últimos lustros. Tiene su gracia que toda la oposición, o buena parte de ella, incluidos algunos partidos manifiestamente de izquierdas, se una para defender los intereses de la amplia clase media del país ante un ataque a la línea de flotación de los patrimonios de varios millones de españoles, que han creído de buena fe que canalizar su ahorro hacia una viviendas en propiedad era una buena medida para afrontar la etapa de la jubilación con cierto desahogo económico. Dicen algunos analistas que la búsqueda de la neutralidad fiscal (y, por lo tanto, la eliminación de incentivos fiscales perturbadores) es una buena práctica tributaria, y así nos lo han recomendado numerosos analistas internacionales en los últimos años. Pero una cosa es la búsqueda de una neutralidad fiscal deseable por razones técnicas y otra bien diferente es suprimir unas deducciones que los inversores y compradores de viviendas tenían asimiladas como parte de su toma de decisiones.

El cambio fiscal ha desatado incluso cierto pánico entre los propietarios de inmuebles que estaban en posición vendedora, aunque sin prisas. En los tres últimos meses, las ventas de inmuebles se han acelerado y los precios por lo general han sufrido importantes descensos. Hay prisa por vender antes de que entre en vigor la nueva normativa, fruto de la cual algunos propietarios tendrán que pagar unos cuantos miles de euros más a Hacienda por la venta de su inmueble si este fue adquirido antes del año 1995. Para eludir este pago de impuestos multiplicados por dos o por tres en concepto de plusvalías, algunos propietarios prefieren aplicar ahora, antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, descuentos sustanciales que dentro de unos meses se convertirían en pagos fiscal reforzado e incrementado.

La supresión de los dos coeficientes de marras, en especial el de actualización monetaria que trataba hasta ahora de lograr que las plusvalías afectadas por el tributo fueran lo más reales posibles, y no las ficticias derivadas de la aceleración de los precios por la inflación, puede tener por otra parte un impacto fiscal tan negativo como para contrarrestar el efecto positivo de la rebaja del IRPF en algunos contribuyentes. El partido gobernante ha dado de nuevo un mal paso con los impuestos aunque esta vez, si no rectifica a tiempo, los adversarios pertenecientes a las demás formaciones políticas, incluso de izquierdas, pueden sacar buen provecho electoral de tanta incongruencia.