El Presupuesto, ocasión perdida

Esta semana empieza el debate legislativo sobre los Presupuestos del Estado para el año entrante. Martes y miércoles estarán dedicados en el Congreso a debatir la docena de enmiendas a la totalidad. A partir de ese arranque, es el momento de las posibles modificaciones. El texto que ha presentado el Gobierno, a pesar de que es el último que va a gestionar de forma directa antes de que finalice la legislatura, y a pesar de que llega en un momento económico bastante diferente al de los tres anteriores, no ofrece sin embargo grandes novedades, no contiene reformas de calado salvo la ya encauzada reforma fiscal.

Es una pena porque parece como si el impulso reformista estuviera perdiendo aliento, cuando tantas cosas faltan por corregir en el funcionamiento de la economía española. Muchas veces los expertos se quejan de que los políticos desaprovechan las etapas más favorables para hacer cambios y en bastantes ocasiones estos deben ejecutarse a marchas forzadas y en fases de crisis, cuando los daños de las reformas suelen tener un mayor alcance. Los cambios que ha realizado España en los dos últimos años, con el Gobierno del PP, habrían sido bastante menos duros en las etapas de crecimiento económico, en aquellos años en los que tanto el PP como el PSOE dejaron de lado la adopción de reformas que nos reclamaban no sólo las instituciones internacionales más solventes sino el mismo sentido común.

Uno de los debates que apenas ha hecho acto de presencia en el prólogo del debate parlamentario es el relacionado con el papel del sector público en la economía. Hay algunas propuestas sociales, como la que ha lanzado estos días el movimiento Podemos o las nuevas sugerencias del Círculo de Empresarios, que ponen de relieve la fuerte discrepancia que existe en la sociedad española sobre el papel de los agentes económicos y sobre el desempeño del sector público en sus diversas vertientes.

Las propuestas del movimiento Podemos son manifiestamente radicales cuando tratan de proponer un modelo económico de corte claramente intervencionista. Sus aportaciones más recientes, refrendadas este pasado fin de semana con importantes matices respecto a las formulaciones iniciales, siguen confiando gran parte del quehacer económico en los poderes públicos, con unas vagas alusiones al papel de la ciudadanía y a la democratización de las empresas y del poder económico. Las más recientes declaraciones de este grupo reflejan una posición bastante más matizada que hace unos meses, aunque siguen mostrando un talante abiertamente estatista.

En el otro lado del abanico de opciones, los expertos del Círculo de Economía han expresado puntos de vista diametralmente distintos, que en lo relativo al sector público apuestan por una reducción sensible de su tamaño (en la actualidad, en torno al 44% del PIB), de forma que consideran de utilidad recortar entre 4 y 9 puntos del PIB su peso en el conjunto de la economía, para dejarlo en un territorio que oscilara entre el 35% y el 40% del PIB, más en línea con el tamaño habitual de las economías más avanzadas, a las que España debería intentar parecerse y aproximarse.

El actual Gobierno se alinea en una posición intermedia aunque, sobre todo, ha mostrado su escaso interés por entrar en el fondo del debate, aún cuando una parte esencial del mismo tendría que abordarse en colaboración estrecha con las Comunidades Autónomas, responsables de un trozo muy importante de la gestión de los asuntos públicos.