Reformar no sólo las auditorías

Los fallos cometidos en las auditorías de Pescanova y en Gowex, dos de las quiebras más sonoras de los últimos años en España, han suscitado un creciente interés por mejorar la calidad de la auditoría de cuentas en España. Los inversores y accionistas que tienen su dinero en compañías cotizadas en los mercados de capitales tienen todo el derecho a disponer de cuentas veraces y de balances transparentes en aquellas empresas en las que han invertido su dinero. Causa perplejidad la lectura de las anomalías que se han constatado en el funcionamiento de estas dos empresas, alguna de ellas durante más de diez años de forma ininterrumpida falseando balances sin que el auditor independiente se diera cuenta (versión poco creíble) o no lo denunciara a quien correspondía mediante la emisión del oportuno dictamen que certificara la falsedad de lo que los gestores estaban poniendo sobre el papel.

El funcionamiento de las empresas de auditoría está siendo, por lo general, bastante correcto en España y las que se han salido del tiesto son auditoras en algún caso muy pequeñas y sin medios adecuados para el desempeño de su trabajo, lo que a la postre pone en riesgo su independencia de criterio. Un auditor que carezca de independencia a la hora de certificar la autenticidad de los balances y cifras de una compañía carece de credibilidad.

Y esa situación debería ser supervisada más de cerca por las autoridades competentes, como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía. Entre las misiones y obligaciones del ICAC está la de un control directo de la actividad de los auditores, mediante sistemas de control de la calidad e investigaciones adecuadas, como el propio Instituto declara en sus normas fundacionales y reglas de funcionamiento. En los dos casos mencionados de empresas cuyas auditorías no revelaron anomalía alguna durante largos años, Pescanova y Gowex, el ICAC ha fallado estrepitosamente. Pero ninguno de sus máximos responsables ha presentado explicaciones por estos fallos ni ha dado a conocer las razones por las que estas dos empresas han tenido un grado de inspección y vigilancia oficial tan deficientes.

En las crisis de Pescanova y de Gowex, los fallos de supervisión han sido clamorosos, aunque no todo se remite a la responsabilidad del ICAC. Hay otros organismos y entidades, como la CNMV o el MAB (Mercado Alternativo Bursátil, este último en el caso de Gowex) que también han tenido parte muy sustancial de responsabilidad y nadie ha presentado reclamaciones a estas entidades ni por la labor de sus dirigentes. La cadena de errores en estos dos casos empresariales involucra a varias instituciones públicas cuyos fallos de supervisión y vigilancia han sido espectaculares, sin que en ningún momento se hayan adoptado medidas para tratar de evitar que vuelvan a producirse.

El Gobierno se propone ahora una rápida reforma de la legislación que regula el papel de los auditores. Es su primera reacción tangible tras los lamentables hechos que han rodeado las crisis empresariales mencionadas y otros que puedan producirse con similar impunidad en el futuro. El objetivo del Gobierno viene prácticamente obligado por la legislación comunitaria, que impone una normativa común a toda la Unión Europea en cuestión de funcionamiento de las compañías de auditoría. La nueva regulación establece una serie de normas de incompatibilidad de trabajos para los auditores y limitaciones de plazos a la hora de mantener a un auditor en cada compañía.

No está claro que los casos detectados de incumplimiento de su correcto quehacer hubieran impedido las dos crisis empresariales mencionadas. La respuesta del Gobierno es, por lo tanto, insuficiente, además de muy tardía. Las lecciones de estos dos casos de quiebras empresariales requerirían un abanico bastante más amplio de medidas correctoras. El papel de instituciones como el ICAC o la CNMV, además del MAB y de BME, tendría que ser sometido a un análisis crítico y reformista bastante más exigente.