La decepción de los cambios fiscales

Las valoraciones variopintas que han realizado los expertos y analistas sobre la mal llamada “reforma fiscal” que presentó el Gobierno entre el viernes y el lunes han sido por lo general bastante poco favorables. La crítica se ha mostrado entre reservada y demoledora, partiendo de la base de que resulta muy arriesgado lanzar conjeturas sobre el posible impacto, máxime cuando los agentes económicos (familias y empresas) tienen un cierto margen de maniobra para esquivar los golpes y aprovechar las oportunidades que pueden ofrecer los nuevos mecanismos fiscales.

Además de rechazar la pretenciosa denominación de “reforma”, la mayoría de quienes han estudiado con detalle la letra gruesa y la menuda de las medidas llega a conclusiones que cabe calificar de decepcionantes, ya que subrayan muchos que estas medidas ni afectarán de forma significativamente positiva a la actividad económica (en el mejor de los casos, se cree que podrían añadir un 0,55% al PIB de este doble año preelectoral), ni ponen orden en el ya de por sí deslavazado sistema fiscal español, ni se garantiza una mejora de la capacidad recaudatoria (aspecto este que se ha presentado generalmente como el que más necesita el país, es decir, que la recaudación impositiva tenga un peso en el PIB similar al de nuestros colegas europeos), ni van a “revertir” en beneficio de los contribuyentes las subidas iniciales que decidió el actual Gobierno hace algo más de dos años, ni nos encontramos ante un cuadro ilusionante para que las rentas del capital fomenten la acumulación y el ahorro ni parecen en condiciones de potenciar la liberación de renta disponible que se derive hacia el incremento del consumo y, de ahí, a un mayor crecimiento de la economía.

Tampoco está claro cómo van a provocar estas medidas un aumento del grado de cumplimiento de nuestros compromisos de reducción del déficit, ya que los 50.000 millones de ajuste pendiente en estos dos próximos años suman ahora un poco más, al añadirse los que se cree que pueden derivarse de las rebajas de impuestos. En principio, por lo tanto, las expectativas creadas por el grupo de medidas son más bien escasas.

El impacto necesario en la evolución de la economía no ha sido, en todo caso, una preocupación especial de los autores de este bloque de medidas, como bien reflejan los mensajes que el Gobierno, a través de sus diversos portadores, se ha encargado de transmitir en estos días. El contenido principal de estos mensajes ha estado machaconamente presidido por la idea de que las medidas adoptadas tienen por finalidad casi exclusiva rebajar los impuestos de los ciudadanos. Más que un intento, fallido, de reforma fiscal, da la impresión de que el partido gobernante ha tratado de confeccionar ya el primer cartel electoral de su inmediato futuro político para mantenerse en el poder.

La credibilidad que este cuadro de medidas fiscales ha suscitado más allá de nuestras fronteras es también escasa, por el momento. Hay una cosa que suele poner muy nerviosos a los inversores internacionales y es la incertidumbre regulatoria. Es casi una obsesión pero en la cuestión fiscal es un asunto capital. Tantos cambios de impuestos, deducciones y demás estipulaciones tributarias ponen nerviosos a los inversores. España es posiblemente el país europeo más inestable fiscalmente hablando y eso debería ser tenido en cuenta más a menudo. Las expectativas que había suscitado el propio Gobierno lanzando por delante a una comisión de sabios para que diseñaran una reforma que, a la hora de la verdad, se ha quedado como libro de consulta para adornar las estanterías de Hacienda, constituyen un serio despropósito, rayano en la tomadura de pelo.