Cajeros condenados con atenuantes

Los cuatro dirigentes de la antigua Caixa Penedés sobre los que pesaban posibles condenas de cárcel, en especial el máximo responsable de la entidad financiera, se han librado del castigo que estaba llamado a ser un hito ejemplarizante en el sector financiero español. La decisión que ha tomado el tribunal que les ha juzgado ha tenido en cuenta como atenuante el acuerdo de los cuatro altos cargos juzgados de devolver el dinero, no se sabe bien si parte de él o la totalidad del mismo, tanto el ya percibido como el que estaba aún pendiente de cobro por los directivos, ya que la percepción de los generosos pagos dependía de la edad de jubilación.

Es interesante destacar que los gestores de entidades financieras acusadas de anomalías en la gestión y en la percepción de pensiones millonarias por algunos directivos, se están convirtiendo en un grupo sobre el que va a recaer el peso de la ley, a diferencia de la clase política, en la que juicios como el que han afrontado estos directivos bancarios apenas se conocen. Y no precisamente porque el número de potenciales afectados sea menor. Más bien al contrario, según percepción ampliamente extendida.

Había interés en seguir el desenlace de este juicio, ya que constituye un posible precedente para otros casos que los tribunales irán sustanciando en los próximos meses. Y no sólo por lo que atañe a los procesos abiertos a ex directivos de las cajas de ahorros. El hecho de que alguien condenado por apropiación indebida vea atenuada su condena, hasta el punto incluso de librarse de la prisión, en base a una negociación que conduzca a la devolución de lo indebidamente percibido, podría ser un importante precedente para la multitud de casos similares o parecidos que abundan en la España de nuestros días y en los últimos años. Esta negociación está prevista en la legislación y permite al juez rebajar en algún grado el alcance de la pena, lo que en este caso ha permitido al máximo ex dirigente de la caja catalana eludir la prisión, a reserva de que restituya el dinero que ha pactado. La Fiscalía ha rechazado el pacto, pero ha dado su aprobación tácita al renunciar al recurso.

La solución parece haber dejado, por lo tanto, satisfechas a algunas de las partes, aunque no a todas, en especial al Banco de España y al FROB, financiadores de la caja quebrada, a la que hubieron de inyectarle más de 900 millones de euros, ya que los dirigentes juzgados no sólo estaban acusados de adoptar decisiones altamente costosas en beneficio propio pero a espaldas de los órganos representativos de la caja y de forma fraudulenta. También habían incurrido en una gestión desastrosa de la entidad, lo que no tiene por qué ser necesariamente un delito, pero contribuye a enturbiar la valoración del trabajo de estos directivos. No sólo condujeron a la caja a una situación de quiebra debido a una deficiente gestión, sino que dispusieron en beneficio propio, y sin recabar las autorizaciones correspondientes, de un dinero que no les correspondía. Esto último sí que ha sido considerado delito. Concederse a sí mismos premios de elevada cuantía económica mientras la entidad financiera se asfixiaba por falta de rentabilidad y liquidez, podría ser considerado como un agravante.

Está claro que los dirigentes de las cajas de ahorros quebradas no son, ni de lejos, una excepción en el mapa de la España corrupta. Si quienes se han apropiado de dinero público o privado en los últimos años en España (banqueros, políticos y otros ciudadanos que han manejado dinero público desviando hacia sus bolsillos una parte de lo gestionado) devolvieran parte o, más aún, la totalidad de lo indebidamente apropiado, posiblemente las arcas del Estado rebosarían a estas alturas de liquidez. No se conocen apenas casos de dirigentes de la vida pública a los que se les haya sorprendido apropiándose de dinero que hayan procedido a su restitución. Alguno ha habido, pero quizás no se cuenten más que con los dedos de la mano. Quizás el juicio de los rectores de Caixa Penedés pueda servir de precedente para que los numerosos políticos y otros cargos públicos sorprendidos en presuntos delitos transiten por la vía de la devolución del dinero público sustraído o desviado.