Deuda Pública para largo

En los últimos días han aparecido varias estimaciones sobre el horizonte de la Deuda Pública española en los que se formulan algunas previsiones bastante preocupantes para el futuro de la economía española y para el bienestar de los ciudadanos. Desde el año 2008, España ha acelerado su deuda estatal, la que se va acumulando en el balance del país como consecuencia de un persistente aumento del gasto público por encima de los ingresos. Este desequilibrio aún sigue castigando nuestras cuentas públicas y estamos a la espera de conocer con precisión cuál ha sido realmente la cuantía de ese déficit en el año que acaba de concluir, ya que frente a un objetivo y compromiso con Bruselas de no rebasar el 6,5% del PIB, parece que las últimas estimaciones apuntan hacia un 7% del PIB.

La cuantía de la deuda pública (la privada es otra historia) acumulada ya se sitúa cerca del 100% del PIB, es decir, el equivalente al valor de lo que produce la economía española en un año. La última cifra oficial era del 93,9% a finales del año 2014, es decir, casi tres veces la cuantía de finales del año 2007, cuando España situó el volumen de Deuda Pública acumulada en el 36,3% del PIB. Entre los años 2000 y 2007, la Deuda había caído en 23 puntos.

Con la crisis económica, el papel del Estado cobró un protagonismo especial y ello, sumado a una merma importante de los ingresos fiscales, provocó un aumento de unos 57 puntos del PIB en el volumen de la Deuda Pública acumulada en relación con el PIB del país. Un auténtico disparate que pone de relieve no sólo la incapacidad de los gobernantes de la época sino la dureza de la crisis económica, ya que en esos años el PIB descendió a un ritmo del 0,5% anual en términos nominales. Esa dinámica alcista de la Deuda Pública aún no se puede dar por concluida ni mucho menos, aunque el ritmo de aumento es ahora menor que en los tres o cuatro años que nos precedieron.

Las predicciones que han salido a la luz estos días son básicamente dos. Una de los analistas del banco británico Barclays, que estiman que la Deuda Pública española no va a bajar del 100% del PIB hasta el año 2030 y que seguirá en aumento hasta el año 2017. Y otra que ha realizado para Funcas el experto Joaquín Maudos en un excelente trabajo en el que formula previsiones algo más favorables en relación con el futuro del endeudamiento español, aunque también con una notable carga de riesgo para el desenvolvimiento de la economía.

Los analistas de Barclays han señalado que España tiene por delante una dura tarea de ajuste fiscal que en realidad no ha hecho más que comenzar. La economía estará, entre tanto, sometida al riesgo de una elevada vulnerabilidad en la medida en que la percepción de los mercados puede provocar cambios bruscos en las condiciones de financiación, lo que dificultaría de forma considerable no sólo la financiación de este cuantioso volumen de deuda sino su reducción en el futuro.

El analista de Funcas es más explícito en sus evaluaciones y señala que la Deuda Pública española sólo empezará a bajar cuando se cumplan dos condiciones: un tipo de interés en la financiación de la Deuda Pública inferior al PIB nominal (es decir, la economía debe crecer en términos nominales por encima del coste medio de la financiación del Estado) y, como segundo factor, un superávit primario en las cuentas públicas, es decir, más ingresos que gastos, dejando de lado los costes financieros. O sea, si los costes financieros son superiores al déficit público primario, el país estaría en condiciones de ir reduciendo el stock de Deuda Pública acumulada. A corto plazo, en el horizonte de dos o tres años, y a pesar de las bajadas del tipo de interés al que el Estado emite la Deuda Pública, no es previsible que el PIB nominal crezca más que el tipo de interés al que se financia el Estado.

Estas dos condiciones no resultan fáciles de cumplir, entre otras cosas porque España necesitaría de un largo periodo de serenidad en los mercados, sobre todo los mercados exteriores, ya que tres cuartas partes de la Deuda Pública del país se financia con los recursos que proveen los inversores foráneos.