Rajoy sigue gozando de fortuna en su calendario político. Casi al mismo tiempo en que subía este martes al estrado del Congreso para desgranar su discurso en el debate sobre el Estado de la Nación, desde Bruselas le suministraban en bandeja una buena noticia: la economía española crecerá en el año 2014 un 1%, el doble de lo que había pronosticado con anterioridad la propia autoridad europea. Minutos antes, el Tesoro había logrado cerrar su subasta de Letras a corto plazo con unos tipos de interés desconocidos en nuestra historia por lo bajos. El de 3 meses, por debajo del 0,2%. La gran mayoría de los indicadores económicos españoles de estos últimos meses ha contribuido a restar argumentos a la oposición de cara al debate de esta semana, aunque el indicador de la mejora del paro no deja de ser un recurso literario cuando se mira de frente a las cifras, debido a su elevadísima cuantía.

De este modo, la oposición lo tenía bastante complicado en este debate. La quedaba el recurso de ridiculizar la nimiedad de las mejoras: el paro apenas se reduce, el crecimiento de la economía es irrisorio… Ha optado por algo de esto y por intentar reverdecer el discurso más rancio de la desigualdad social, sobre el que pocos se mostrarán discrepantes o indiferentes. Pero una y otra cantinela, sobre todo la de que las políticas económicas han empobrecido a los sectores menos protegidos, tienen muchos padres, algunos de ellos sentados en los Gobiernos de Zapatero, que no tuvieron apenas reparo en lanzar al país por la pendiente del gasto irresponsable, que a estas alturas se ha convertido en una fuente de tremenda desigualdad social.

La sorpresa del debate la ha proporcionado Rajoy con una medida “social” que rápidamente ha sido deslegitimada por todos los sectores del arco parlamentario. Una pena que no se le hubiera ocurrido antes a Zapatero, porque entonces habría sido tildada de genial y rupturista. Ha tenido que ser un presidente conservador el que haya puesto una notable dosis de audacia en la formulación de la “tarifa plana”, la tarifa low cost, para las cotizaciones a la Seguridad Social, reducida a 100 euros por trabajador nuevo contratado en términos netos, o sea no pueden acogerse a la medida las empresas que reduzcan empleo, lo que excluye a los que intenten hacer trampas mediante un mecanismo de sustitución para despedir a trabajadores caros y reemplazarlos con trabajadores de la nueva hornada.

La medida es desde luego novedosa, ocurrente y de difícil evaluación. Su impacto en las cuentas de la Seguridad Social será negativo, aunque difícil de estimar, ya que si es alto, la medida habrá sido un éxito y si es bajo habrá servido para poco, al no haber logrado estimular la creación de empleo indefinido. La medida es de duración limitada, dos años de aplicación, poco más que el periodo de tiempo que resta para que finalice la legislatura. Los trabajadores a los que se aplique esta novedosa fórmula de contratación barata tienen derecho a tres años de empleo fijo, ni un día menos. Los autores de la fórmula le habrán buscado todas las vueltas posibles y por lo tanto es de suponer que la letra pequeña estará a la altura de las circunstancias, de manera que los márgenes para la picaresca queden reducidos a la mínima expresión.

En todo caso, allí en donde haya nuevo empleo con la mini tarifa social, dejará de haber paro, es decir, ociosidad y coste en prestaciones. No resulta fácil construir de forma improvisada una simulación de lo que puede suceder con este estímulo a la contratación. La simulación debería valorar no sólo la renuncia a los ingresos vía tarifa de la Seguridad Social sino tener en cuenta otros escenarios paralelos por los que transita el mercado laboral desde hace ya demasiados años. Está claro que había que hacer algo en el terreno de la movilización social. Rajoy acertará o no, pero su intento es un gesto que merece ser observado, seguido y valorado lejos de la valoración apriorística y sesgada a la que siempre estamos tan predispuestos.