Sombras sobre el sector bancario

Desde Bruselas se ve al sector financiero español con más sombras de las que se suponía tras el favorable balance que los analistas han hecho de la aplicación de la reforma financiera, en la que se han utilizado más de 41.000 millones de euros de fondos llegados desde la Unión Europea, además de los que han puesto los contribuyentes españoles por medio de los mecanismos de ayuda a la banca.

Hay todavía bastantes asuntos que limar, algunos de ellos relacionados con la interminable crisis del sector inmobiliario y otros lógicamente derivados de la escasa vitalidad de la economía, cuya tasa de paro en el 26% de la población activa inspira serias incertidumbres ya que, entre otros efectos nocivos, afecta al futuro de la sanidad de los balances bancarios. La morosidad está en niveles del 13%, según datos del pasado mes de noviembre, una cota que es máximo histórico. Y no tiene el aspecto de moderarse sino más bien de seguir en alza unos cuantos meses más, ya que la capacidad de aguante de las familias, en un contexto de debilidad del empleo y de lenta subida de las rentas salariales, tiene límites y la financiación hipotecaria es una de las piezas básicas de la arquitectura financiera del sector.

Los analistas de Bruselas y del BCE han puesto también el acento en la limitada operatividad del banco malo, conocido como Sareb, cuya rentabilidad parece preocupar en algunos medios oficiales y cuya principal misión, la de dar salida hacia el mercado a la ingente cantidad de inmuebles que los bancos en crisis han puesto en sus manos, parece caminar más despacio de lo previsto. La crisis inmobiliaria está viendo alejarse su final y parece no terminar nunca, ya que los pronósticos señalan que habrá que esperar hasta el año 2016 ó 2017 para empezar a ver una mejora generalizada en los precios de los inmuebles. En estas condiciones, la Sareb está logrando resultados menos favorables de lo que sería deseable, con el riesgo de pérdidas que acabarán recayendo sobre el sector público.

Tampoco han escapado al ojo analítico de los expertos que han analizado el estado del sector financiero español las iniciativas legales que han puesto en marcha algunas Autonomías para, con la oportunidad de resolver cuestiones de índole social, poner en marcha una serie de leyes que crean confusión e inseguridad. Alguna de ellas, por cierto, ya ha sido puesta en suspensión por instancias judiciales superiores. Varias decisiones políticas plasmadas en disposiciones legales de dudosa ortodoxia han creado en el sector financiero y entre inversores nacionales y extranjeros una extraña sensación de desbarajuste y falta de seguridad jurídica, propia más de regímenes políticos populistas que de un Estado europeo en el que el imperio de la ley marca los límites.

España ha dado en los últimos meses algunos pasos pintorescos en materia de regulación financiera, que nos alejan una vez más de la eficacia de un mercado único. Ahora que el Gobierno español y en particular el presidente Rajoy se esfuerzan en demandar con urgencia la puesta en marcha de una auténtica unión bancaria europea, nuestros vecinos de la UE parecen haber tomado buena nota de la incapacidad del Gobierno actual para regular la actividad financiera bajo esquemas homogéneos en el interior del país.

En todo caso, la principal lamentación que se ha escuchado estos días ha sido la de la escasa contribución del sector financiero al relanzamiento de la economía ya que el crédito sigue cayendo a ritmos superiores al 8% anual. Y una economía sin crédito es pasto del estancamiento. Si no hay crédito, la inversión no tiene el campo abonado, de forma que tampoco existen las condiciones adecuadas para la creación de actividad y empleo.

La dinámica crediticia está parada y resulta difícil diagnosticar si los créditos no fluyen porque la banca no los concede ante el riesgo de baja solvencia en quienes demandan financiación o no hay demanda porque no hay proyectos de inversión y, además, muchas empresas aún están salvándose de los elevados niveles de apalancamiento o excesiva deuda de la etapa florida de la economía, cuando el crédito fluía y las empresas crecían a costa de endeudarse. Lo cierto es que hay poco crédito suficiente y a coste asequible.

Además, las condiciones de financiación no están resultando tan gratas para los emprendedores y para quienes desean abordar inversiones como, por ejemplo, lo están siendo ya para el sector público. La barata financiación que está logrando el Tesoro e incluso algunos entes públicos avalados por el Estado o incluso un ramillete de grandes empresas, no se está viendo prolongada en el sector privado en su más amplio sentido, es decir, incluyendo a pequeñas y medianas empresas así como a economías familiares y empresarios autónomos. Y estas es otra seria amenaza para el sector financiero del país.