Reforma del gasto y de los impuestos

Ya falta poco para que la comisión de expertos dictamine sobre los cambios fiscales que aplicará el Gobierno tras la esperada reforma tributaria, que es la madre de todas las reformas. Algunos detalles se están aireando, no tanto de lo que van a decir los expertos sino de fuentes gubernamentales, que anticipan las líneas maestras de esta reforma. Todavía se sabe poco de la nueva fiscalidad, a pesar de que las buenas intenciones que se están filtrando pretenden tranquilizar a los afectados con algunas máximas de manual, como lo de que la nueva fiscalidad incentivará el ahorro y la inversión.

En todo caso, antes de que la susodicha reforma salga a la luz, Montoro ya se ha apresurado a impulsar la puesta en marcha de algunos retoques en las cotizaciones sociales y en la fiscalidad de algunas partidas salariales que han encendido la mecha de la discordia, no sólo entre los empresarios sino también en medios sindicales. Las medidas anunciadas hace escasas fechas para modificar el tratamiento de algunos conceptos retributivos, como los pagos en especie o la fiscalidad de los pagos en concepto de aportaciones a planes de pensiones, que deberán cotizar a la Seguridad Social, se han aparecido como prólogo inquietante.

Con este preámbulo habría que temer lo peor para la nueva fiscalidad que se avecina, ya que en los últimos años los cambios tributarios no han hecho más que masacrar la capacidad de ahorro de las familias, que se encuentra ahora mismo en mínimos durante la etapa de crisis económica, a pesar de que en los años intermedios, en concreto en el ejercicio de 2009, se había producido una prometedora recuperación.

La reforma fiscal en ciernas tendría que ocuparse de ver la forma de revertir esta situación para potenciar al máximos los incentivos al ahorro, reduciendo en la medida de lo posible el todavía abusivo gasto público, cuya reducción no ha sido abordada en los años recientes a pesar de las buenas intenciones que el Gobierno ha expresado en este sentido, pero sin la voluntad política necesaria. España sigue abusando del déficit público y, aunque todavía está por ver cómo se va a cerrar el ejercicio de 2013, todo parece indicar que se va a rebasar de nuevo el compromiso de déficit pactado con la UE. El déficit sigue mostrando una inquietante incapacidad para reequilibrar la economía y la afirmación tan repetida en los últimos meses de que España tiene un problema de ingresos fiscales, que resultan insuficientes según estos razonamientos, no es más que una verdad a medias y una forma de eludir el verdadero problema.

La culpa de este nuevo incumplimiento en el equilibrio fiscal y presupuestario, que se produce a pesar de las facilidades que se nos dieron ampliando el margen de déficit para no asfixiar a la economía, reside en el persistente aumento del gasto, que además aparece despojado de las necesarias aportaciones a la mejora de las infraestructuras, imprescindible para dar pie a una recuperación más vigorosa de la economía. El gasto público en España no sólo es excesivo sino que está deficientemente distribuido.