Los riesgos de la reforma fiscal

Uno de los platos fuertes de la hoja de ruta reformista del Gobierno en materia económica será la reforma fiscal. Existe una comisión integrada por expertos de altísimo nivel que no tendrá grandes dificultades en pergeñar un informe cargado de propuestas sensatas, no demagógicas (tentación que suele ser habitual en los políticos cuando tratan de impuestos) y rigurosas.

No es necesario decir que las propuestas de estos sabios van a moverse en un punto intermedio, en el que no conducirán al Estado a la quiebra por insuficiencia de recaudación tributaria ni van a asfixiar a los contribuyentes con gravámenes exagerados o imposibles de cumplir. Tendrán que moverse en un terreno intermedio, en el que permitan unos tributos suficientes para que el Estado disponga de recursos adecuados para financiar sus fines (tras formular algunas ideas sobre lo que se considera como Estado de Bienestar asequible a nuestras posibilidades) y para que los contribuyentes aporten el dinero necesario a la Hacienda sin anular su incentivo por trabajar y producir.

Y desde luego, para que una fiscalidad disparatada no empuje a nadie (ni particulares ni empresas) al exilio fiscal, a la evasión, a la ocultación de bases tributarias. Posiblemente el mayor éxito de una reforma fiscal consista en facilitar la vida a los contribuyentes para que sus declaraciones fiscales tengan el máximo de reflejo de la realidad. Los arquitectos de los sistemas fiscales se decantan a veces por un muestrario de tipos impositivos aparentemente vistosos (el caso de Francia puede ser bastante ilustrativo, con tipos de hasta el 75%) que en la práctica quedan neutralizados por un falseamiento masivo de las bases tributarias. Encontrar el punto intermedio entre eficacia recaudatoria y equidad tributaria es una tarea apasionante pero sumamente difícil.

Por otro lado, está la cuestión política, el grado de aceptación de los postulados que salgan de la comisión de expertos. Si la experiencia de la reciente comisión sobre la reforma de las pensiones sirve para algo, habría que convenir en que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Gobierno cuando conozca el contenido del informe de la reforma fiscal y de las propuestas será el de hacerles caso. Si resulta que se ha nombrado una comisión de expertos y luego, cuando esta dictamina sobre los requerimientos, el Gobierno hace de su capa un sayo, habremos perdido lamentablemente el tiempo y quizás un poco de cordura. Y desde luego bastante credibilidad.

Hay que suponer que los expertos fiscales no están locos y que su propuesta puede muy bien convertirse en un argumento de autoridad para tirios y troyanos, habida cuenta de la diversidad de opiniones y tendencias que se han dado cita en el seno de esta comisión. A diferencia de la comisión sobre las pensiones, en la que había una cierta presencia institucional que de alguna forma introducía algunos sesgos predeterminados a las conclusiones del informe, la comisión de expertos fiscales puede emitir un informe y unas propuestas bastante más equilibradas, rigurosas y creíbles.

El informe en cuestión debería ser presentado a más tardar a finales del mes de febrero. Es decir, restan aún apenas dos meses y es de suponer que los expertos se encuentren a estas alturas perfilando los detalles finales de sus proposiciones, que en principio deberían quedar integradas en el cuerpo tributario legal con vistas al Presupuesto del año 2015. Cabe suponer que la reforma fiscal que se aplique tras la publicación del informe de los expertos fiscales será un auténtico programa electoral para las legislativas que ya en esas fechas estarán como quien dice a la vuelta de la esquina.