Clarificar el recibo de la luz

El apaño de la subida de la tarifa de la electricidad no ha puesto contento a casi nadie, aunque el aumento del 2,3% mejora manifiestamente el 11% que amenazaba tormenta. Se ha subrayado en general que se trata de una decisión provisional, lo que equivale casi a decir que habrá que repensar, a la vuelta de las vacaciones navideñas, casi todo el sistema de arriba abajo. Es decir, descifrar los numerosos interrogantes que se esconden dentro del intrincado sistema eléctrico para tratar de delimitar sus costes y poner en marcha un mecanismo nuevo de aplicación de precios.

De entrada, esa especie de acusación que ha formulado la patronal del sector, Unesa, en el sentido de que la nueva tarifa es “política”, no parece haber sido lo más afortunado. Las autoridades energéticas y el propio sector han vivido en estos últimos años bajo la ilusión de que los precios se fijaban mediante un mecanismo competitivo, la subasta, cuando es de sobra conocido, y el propio sector lo ha dicho en numerosas ocasiones, que el sector eléctrico es, en expresión de uno de sus dirigentes históricos, un “monopolio natural regulado”. Los precios de la electricidad son políticos siempre y en todas partes, aunque tengan unos componentes de costes fáciles de identificar, pero muy difíciles de aplicar a situaciones concretas de ámbito geográfico. La electricidad no es un mercado competitivo porque sería inviable. A quien se le haya ocurrido crear una apariencia de competencia mediante el empleo de las subastas para fijar precios no estaba bien inspirado el día que alumbró semejante idea o más bien pretensión. Ha sido necesario que los resultados de una subasta ofrecieran cifras imposibles de asumir para que todo saltara por los aires.

Una de las cuestiones que debería afrontar el Gobierno en un futuro lo más cercano posible es la de clarificar por qué España es el tercer país de la UE con los precios más caros de la electricidad. En realidad, es el más caro entre los cinco grandes países europeos, lo que tiene una incidencia negativa no sólo en la renta de las familias, sino en lo que interesa desde el punto de vista de la competitividad exterior, ya que incorpora un factor de coste adicional a las exportaciones de algunos sectores y productos, que dificulta el crecimiento exterior y a la postre el de la economía.

En todo el lío de acusaciones cruzadas e informaciones difusas y muchas veces interesadas que han salido a relucir en estas últimas semanas, llama la atención que sólo una empresa del sector eléctrico haya tenido la lucidez de ofrecer una información clarificadora sobre los componentes que, según sus datos, integran la actual tarifa eléctrica. Ha sido Iberdrola la que, mediante publicidad de pago inserta en numerosos medios, ha explicado que sólo el 38% del coste de la luz para el consumidor es debido a los costes de producción y generación de electricidad más los gastos de transporte. El resto, un 62%, son cargas adicionales que nada tienen que ver con el coste de la luz: los impuestos, las subvenciones medioambientales, las subvenciones territoriales y las ayudas sociales, junto a alguna otra partida. Nadie ha salido a la palestra a desmentir o matizar estas cifras, por lo que el desglose que suministra esta compañía de los costes que integran la factura de la luz puede considerarse válido mientras no se demuestre lo contrario.

Clarificar el coste de la luz para el consumidor final es por lo tanto una tarea necesaria, que debería preceder a cualquier replanteamiento de los costes que tiene el sistema de producción de electricidad y la adecuada imputación de los mismos a quien corresponda. No tiene mucho sentido que los consumidores finales de la electricidad estén financiando costes que deberían correr a cargo de otro mecanismos o instituciones.