El examen de los bancos tendrá que esperar

La nota media de los examinadores de los bancos españoles que estas semanas han estudiado el sector ha sido buena. Los tres grupos de representantes de sendas instituciones internacionales, entre ellas el FMI, que suele ser el más cáustico de los analistas (todavía no ha dicho nada de su previsión de caída del 1% del PIB en el año 2014, dato que en su día llamó poderosamente la atención y que nadie comparte), han regresado a sus bases de origen afilando el lápiz para su próxima visita, que será dentro de unos pocos meses. Será la última si las cosas no se tuercen. Y quizás para entonces el sector financiero haya recuperado un mayor grado de normalidad.

El diagnóstico que han emitido estos días los visitantes ha sido benévolo, lo que ha sorprendido a muchos. Incluso al Gobierno. No hay que perder de vista que dos de las entidades más afectadas por la crisis del sector (Catalunya Banco y la gallega NCG) todavía no han sido adjudicadas, mantienen al Estado como principal accionista y viven por lo tanto en la más estricta provisionalidad de gestión. El caso de la primera de las entidades, la catalana, es el más enrevesado de todos porque se juntan por un lado lo elevado de su quebranto financiero junto con la influencia política que quiere desarrollar la Generalitat para ser actor de la escena.

La venta de estas dos entidades al capital privado está tratando de realizarla el Gobierno sin que le cueste un euro adicional más, lo que parece bastante difícil de lograr. En caso contrario habría que reconocer que los 42.000 millones que en su día se pidieron para rescatar al sector financiero fueron insuficientes. Nadie quiere oír hablar de pedir una cantidad adicional a estas alturas, porque activaría la maquinaria de un nuevo rescate. Y eso es como mentar la soga en casa del ahorcado.

En los dos casos, además, está el factor regional o nacionalista, ya que las dos Autonomías afectadas (Cataluña y Galicia) pretenden mantener las señas de identidad de ambas fichas bancarias sin presencia de los grandes bancos nacionales. Empeño que es especialmente acusado en el caso de los gallegos. Es decir, quieren seguir manejando el dinero de ambas entidades a una prudente distancia pero naturalmente sin que ello les cueste un euro. Difícil papeleta. En todo caso, los supervisores de las tres instituciones internacionales que han puesto hace menos de un año el dinero para sanear el sector financiero español se han marchado sin ver resuelto este asunto, que aún derramará ríos de tinta. Tampoco han visto resuelto el asunto de las provisiones pendientes para el crédito refinanciado, que al parecer costará unos 5.000 millones de euros adicionales a los bancos sanos.

La principal cuestión que han vuelto a sacar a la luz los expertos ha sido la insuficiente dedicación de los bancos a la concesión de crédito al sector real da la economía. Sobre la razón de esta anemia hay opiniones para todos los gustos. Desde quienes dicen que la inversión en España está prácticamente parada y, por lo tanto, nadie pide créditos para desarrollar proyectos, hasta los que consideran que los clientes de los bancos (empresas y familias) no tiene ningún interés en demandar nueva financiación porque su prioridad, ahora y por algún tiempo más, es recortar endeudamiento, es decir, aplicarse a reducir las deudas, tanto en el balance de las empresas como en el endeudamiento hipotecario de los particulares.

A ello se une el hecho de que los propios bancos no tienen facilidades para la búsqueda de recursos como en el pasado, ya que el crédito interbancario está moribundo y sus pálpitos reflejan una gran debilidad. Algunos han visto abrirse el cielo el otro día cuando escucharon de boca del presidente del Banco Central Europeo (BCE) la posible puesta en marcha de una nueva línea de crédito para insuflar liquidez a los bancos de la Eurozona, en especial a los más aislados, caso de algunos españoles. Si el BCE tiene sus dudas sobre el asunto es porque no tiene claro que el dinero vaya a servir realmente para engrasar los circuitos del crédito, en vez de perderse en financiar la deuda pública de los Estados.