A Rajoy le sobran los votos

El Gobierno ha encontrado un apaño para paliar el déficit de la Seguridad Social, aumentando por segunda vez en poco tiempo las bases máximas de cotización (es decir, lo que cotizan los profesionales y directivos de las empresas mejor remunerados) en un 5%. Se podría decir que, en cierto modo, se trata de una nueva subida fiscal, ya que buena parte de los 600 millones de euros con los que la Seguridad Social podría engrosar sus deficitarias cuentas tendrán que salir de los bolsillos de la élite directiva del país. Se estima que son unos 700.000 cotizantes los que están en esta situación, aunque la cifra exacta puede ser algo superior si los aumentos salariales de cara al año 2014 muestran un cierto incremento. Es de suponer que con la previsión de una subida en las bases de cotización, las empresas tratarán de evitar al máximo las subidas salariales que engrosen el colectivo de empleados sometidos a este redoblado tributo.

El artilugio muestra, desde luego, las dificultades que tiene la Seguridad Social para cuadrar sus cuentas en tiempos de crisis como la que atraviesa el país, con una elevadísima tasa de paro que no da muestras de aminorarse en unos años, al tiempo que trata de ofrecer una modestísima revalorización de las pensiones. Da la impresión de que el menguado aumento que podrían experimentar las pensiones el año próximo saldrá de las cotizaciones que abonarán los asalariados más pudientes del sistema, aunque es bien sabido que la cotización social constituye básicamente un coste laboral que las empresas deben asimilar y compensar para impedir que se deteriore su margen de beneficios. A la postre, las subidas de cotizaciones sociales en ese tramo alto de los cotizantes acabarán reciclándose vía precios o, en todo caso, en costes crecientes de las empresas, con merma potencial de su competitividad.

La medida parece socialmente irreprochable, una especie de Tasa Tobin dentro de la Seguridad Social, es decir, gravar a los más ricos para reforzar el ingreso de los más débiles. Visto así, hay que felicitar al Gobierno de Mariano Rajoy por tratar de afrontar la búsqueda de equilibrios en las cuentas públicas sacudiendo el bolsillo de su clientela electoral, aunque difícilmente ganará votantes en el sector más popular del electorado. Al fin y al cabo, la subida de las pensiones que se planea de cara a los próximos años no es para tirar cohetes y resulta en todo caso insuficiente para compensar el deterioro del nivel de vida causado por la inflación.

Desde el punto de vista económico y financiero refleja el callejón sin salida en el que se mueve el dinero de la Seguridad Social. La búsqueda del equilibrio de las cuentas, muy dañadas en estos años de caída de la afiliación, requiere medidas muy drásticas. Baste decir que la afiliación al conjunto de regímenes de la Seguridad Social alcanzó en el año 2007 el máximo histórico (media anual) de 19,15 afiliados. En la actualidad, con datos de agosto de este año, estamos en 16,27 millones de trabajadores afiliados. La crisis se ha llevado por delante nada menos que 2,8 millones de contribuyentes a las arcas del sistema. El número de pensionistas, entre tanto, ha aumentado en algo más de medio millón, si bien el coste medio de cada nuevo jubilado es creciente debido a la evolución al alza de los salarios al alza, y por lo tanto de las pensiones, en los últimos años, un crecimiento que no obstante se ha moderado de forma sensible desde el ecuador de la crisis hasta el presente.

La subida de las contribuciones más altas que va a acometer el Gobierno de cara al año próximo, con un impacto potencial previsto de 600 millones de euros (a saber la cifra que resultará al final, ya que este tipo de extrapolaciones suelen realizarse con un exceso de voluntarismo), no deja de ser un parche de discutible eficacia económica y de curiosa trascendencia política en la medida en que toca el bolsillo de la base social del partido gobernante. Será que a Rajoy le sobran los votos.