El Estado metido a empresario

De los muchos flecos que presenta el acontecer diario de la economía española llama la atención el papel hiperactivo que están desarrollando los estamentos oficiales a la hora de tomar cartas en diversos asuntos económicos que han estado por lo general en manos del sector privado pero que últimamente registran un exceso de intromisión pública. Con la crisis, el papel de lo público se ha ensanchado y se está extendiendo a áreas tradicionalmente reservadas a los gestores profesionales. Están difuminándose las fronteras entre lo público y lo privado y nada hace suponer que el avance de lo primero vaya a traducirse en un mayor acierto a la hora de gestionar las cosas.

Los ejemplos son cuantiosos, como si la gestión y manejo de la economía en general y de los asuntos que son propios de las Administraciones Públicas no fueran suficientemente serios como para dispersar la atención en otros menesteres en los que el sector privado posiblemente tendría más oportunidades de éxito a la hora de la gestión. Al fin y al cabo, no está escrito en ninguna parte que los políticos sean en nuestro país mejores empresarios que los empresarios, a pesar de los innumerables tropiezos de ambos estamentos.

En el catálogo de despropósitos hay material abundante para la sorpresa. Conviene fijarse de forma preferente en algunos casos cercanos en el tiempo. Uno de ellos es la ocurrencia que acaba de tener el Banco de España aconsejando a los banqueros que no repartan más de un porcentaje del beneficio, en torno al 25% como máximo. Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los bancos que operan en la actualidad en España proceden de la reconversión de cajas de ahorros que han pasado por agudas crisis. Las cajas estaban, como es bien sabido, en la órbita pública, gobernadas casi todas (salvo honrosas excepciones) por gente poco competente designada por las autoridades políticas. Eran una especie de prolongación de la esfera pública. No daban dividendos ya que destinaban sus excedentes a lo que se denomina “obra social”, una interesante aportación – todo hay que decirlo – a los fines asistenciales y educativos que el Estado no cubría.

Pero en lo que a gestión se refiere, estas entidades han sido por lo general, y salvo muy raras excepciones, un fracaso empresarial, cuya responsabilidad principal debe achacarse al sector publico. Que el Banco de España se sitúe ahora en el papel de asesor empresarial para recomendar a los bancos sanos que limiten su reparto de beneficios está fuera de lo razonable, entre otras cosas porque ya lo vienen haciendo desde hace bastantes años. Podía haberlo recomendado hace seis o diez años con los gestores de las cajas de ahorros, vigilando sus pasos y limitando sus excentricidades. No lo hizo y así estamos. No es buen asunto que ahora se ponga el foco precisamente en los supervivientes, casi todos del sector privado, para recomendarles cosas que el propio banco público no impuso a los malos gestores de la órbita pública en los años felices.

También llama la atención que el Gobierno se meta a darle prisa a los gestores de Repsol para que firmen como sea una paz endeble y posiblemente engañosa con los señores de YPF y del entorno gubernamental argentino, habida cuenta de que el expolio que perpetraron en aquel país contra la filial de la petrolera española está derivando en una larga disputa que nadie sabe en qué puede acabar pero que de momento está descargando las pilas de la paciencia de los inversores y de los propios argentinos, que no acaban de ver resuelto un asunto que les prometía una disposición amplia y generosa de crudo de petróleo, descubierto en tiempos en que Repsol gestionaba la exploración de hidrocarburos de este país.

Los actuales gestores de Repsol han iniciado una estrategia lógica de búsqueda de compensaciones ante los tribunales internacionales, que parece haber paralizado no sólo la exploración y explotación de hidrocarburos en Argentina, sino que ha puesto en pie de sospecha a la inversión exterior hacia aquel país, tan próximo y querido por España pero a veces gobernado por gente que posee una innata tendencia hacia el masoquismo. Los gestores de Repsol han demostrado en estos meses transcurridos desde el expolio, como lo habían demostrado fehacientemente antes, que saben lo que se traen entre manos. Los problemas los han creado los políticos argentinos que han querido recuperar sin pagar un centavo la propiedad de YPF para sus tejemanejes personales.

El problema no lo ha creado Repsol. La compañía española tiene derecho a ser resarcida de forma justa y proporcionada. Se lo exigen justamente sus accionistas, entre los cuales hay respetables instituciones semipúblicas, alguna extranjera, como la petrolera mexicana Pemex. El Gobierno español puede estar preocupado por el impacto que este contencioso pueda crear en las relaciones diplomáticas entre los dos países. Pero de este conflicto no puede salir premiado quien ha cometido una severa injusticia y un expolio. La engañosa oferta de compensación que han ofrecido los argentinos a Repsol no es de recibo y así lo han constatado los profesionales independientes que han analizado las características de dicha oferta. Por el bien de la propia Argentina, este asunto debería conducir a un arreglo justo y equilibrado para ambas partes. Sería bueno sobre todo para Argentina porque lo que se juega este país es su imagen ante los inversores internacionales, a los que necesita como el comer.