El déficit asimétrico

Ni el paraguas que ampara la pertenencia a un mismo partido político, que en teoría debería haber limado las diferencias al calor de la pertenencia a unas mismas siglas y a una ideología similar, ha sido suficiente para que los representantes autonómicos pongan en orden sus ideas y acuerden resolver el disparate económico presupuestario del déficit público. Los denominados “barones” del PP no se han puesto de acuerdo en cómo hay que administrar y cómo tolerar el nivel de déficit de cada Autonomía. Rajoy ha fracasado en el intento de poner a todos los barones regionales de su partido en una misma línea de pensamiento y en una sintonía contable capaz de arreglar las distancias entre unos y otros, de forma que hoy tenemos en España no un déficit, sino tantos como Autonomías más el general, con la particularidad de que cada uno es fruto de circunstancias y criterios diferentes, a la medida de cada gobernante, sea o no del mismo partido político que el vecino. Es decir, un auténtico despropósito.

La primera conclusión que se podría extraer es la de que la cuestión autonómica ya no es un asunto ideológico ni partidario sino un conflicto de intereses localistas, al calor de los cuales se pueden armar las más diversas alianzas interpartidistas. No sería la primera vez que en una cuestión autonómica, las alianzas entre partidos conservadores y progresistas se entremezclan en abierto desafío a la lógica. Es así como se explican alianzas entre el PP de Extremadura y la coalición IU en temas puntuales, incluso en programas de Gobierno. No se comprende, si no, el hecho de que los dirigentes regionales del PP necesiten varias semanas para fijar una posición común en la materia.

El hecho de que se esté hablando de déficits diferentes para cada Autonomía no deja de constituir una grave anomalía del sistema. Lo lógico sería que las Autonomías cerrasen sus cuentas en equilibrio. El Estado reparte cada año el dinero atendiendo a unos criterios muy contrastados y bien conocidos, asegurando de este modo los ingresos que cada Autonomía necesita para atender a sus necesidades básicas, reconocidas por el Estado e iguales para todos los ciudadanos. Pero, en la práctica, las Autonomías gastan más dinero del que les asigna el Estado, con la pretensión clientelar de proporcionar a sus ciudadanos unos niveles de vida diferentes y que suelen rivalizar con las ofertas de otras Autonomías. Es un estado de cosas al que se ha llegado tras sucesivos retoques al reparto que inicialmente había establecido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano que en la práctica ha sido desposeído de las funciones y la autoridad que en su momento se le encomendaron para gestionar el reparto de la financiación según las competencias asignadas a cada entidad autonómica.

Este papel tan desdibujado del Consejo se ha visto desbordado por la creciente competencia de las Autonomías para establecer impuestos propios, además de modular a su gusto los cedidos, lo que ha convertido a España en un mosaico fiscal difícil de comprender y mucho más complicado de gestionar, cada vez más alejado de principios como la unidad de mercado que deberían facilitar nuestro progreso económico como país bien organizado. A la postre, la casi total libertad de las Autonomías a la hora de fijar impuestos y niveles de gasto, ha convertido a España en un Estado de corte claramente federal, a pesar de que hay en la clase política quienes propugnan esta forma de Estado. No se han enterado todavía, o no han querido enterarse, de que en la práctica España es ya un Estado Federal en el que muchas Autonomías tienen más poderes que muchos Estados federados en países con estructura oficial de Federación, caso de Alemania o Estados Unidos, por citar dos casos.

Con este esquema organizativo, el caos está servido, máxime cuando el Estado Central carece de medios suficientes para imponer orden y disciplina, que a veces es asunto tan sencillo como la exigencia de que se cumpla la ley. El hecho de que el PP se haya convertido también en un galimatías autonómico no es una buena noticia, pero desde luego era una situación que estaba latente y antes o después tendría que ponerse en evidencia. España es ya un Reino de Taifas y ni siquiera podría invocarse en este caso la necesidad de un pacto de Estado entre las dos grandes organizaciones políticas. Su propia división interna hace inviable dicho pacto. Por ello, los Gobiernos tendrán que acostumbrarse a gestionar el desbarajuste con la mejor voluntad posible, sabiendo que su autoridad internacional y en los organismos supranacionales, como la Eurozona, nos aboca a una situación de escasa credibilidad.