La hipocresía del déficit

El presidente del Gobierno ha sacado pecho con las cifras de déficit y con las previsiones económicas. Rodeados de tanto pesimismo por todos lados, no está mal que alguien trate de darnos un poco de aire fresco, aunque tampoco es aceptable jugar con la capacidad de creer cosas procedentes de los políticos que tenemos a estas alturas los ciudadanos. Las cifras de déficit público en el año 2012 han acabado al parecer (Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea tendrá que refrendarlo dentro de unas semanas) en el 6,7% del PIB, algo por encima del 6,3% que finalmente habían aceptado con resignación los organismos competentes de la Unión Europea. En cuanto a la recuperación de la economía, Rajoy sigue insistiendo en que en la segunda mitad de este año cambiará todo el escenario, aunque sin mayores precisiones, si bien ya se admite que no será hasta el año 2014 cuando el país volverá a la senda del crecimiento económico.

No sería lógico calificar como un éxito el 6,7% de déficit sobre PIB, ya que se asienta sobre al menos tres consideraciones negativas e imprevistas. La primera, que la Seguridad Social aporta un 1,5% del PIB a ese déficit, algo no previsto y que se produce como consecuencia de la negativa evolución del empleo, del número de cotizantes, de las rentas declaradas (en baja por el impacto de la reforma laboral) y de los ingresos crecientes de los beneficiarios del sistema, que crecen más de lo previsto, aún a pesar de que las prestaciones no han sido actualizadas como era de rigor. El desequilibrio de la Seguridad Social, del que posiblemente habrá que hablar en los años siguientes, incluso el actual, es una de las peores noticias que pueden recibir los españoles ya que puede poner contra las cuerdas el mecanismo más importante de asignación de rentas con que cuenta la sociedad española.

El segundo foco de inestabilidad presupuestaria es el gasto desbocado de las Autonomías, que finalmente ha sido disfrazado (aplazado, sería lo correcto) mediante sistemas de suministro de liquidez que hipotecan la situación financiera tanto del Estado como de las Autonomías para los próximos años. El déficit del sistema autonómico debería ser del 1,5% del PIB y parece que se ha ajustado al guión. No sin antes hacer malabarismos de diversa consideración. Realmente, contención del gasto en el sistema autonómico no parece haber habido suficiente, como en los años siguientes tendremos ocasión de constatar. En todo caso, el Estado salva la papeleta con un 1,5% de déficit total de las Autonomías, que era la cifra señalada. Algunas Autonomías han corregido sus cifras mejor que otras, pero el global parece haberse ajustado al guión.

La tercera cuestión que es pertinente recordar en torno al déficit es la del impacto de las medidas que ha adoptado el Gobierno para acercar el grado de cumplimiento al objetivo del 6,3%. Se han incrementado los impuestos, en especial el IVA, y se han recortado muchos gastos que desempeñaban un papel básico en el desarrollo del país, como las inversiones públicas en infraestructuras, las inversiones en investigación y desarrollo y algunos importantes gastos sociales, incluso los de educación y sanidad, en donde se ha producido adicionalmente un incremento encubierto de la presión fiscal. Todas estas medidas han tenido un impacto negativo muy apreciable sobre la economía, como refleja el retroceso continuado del PIB, que puede acabar el año en torno al 1,5% de caída frente al 0,5% de retroceso que manejaba el Gobierno en sus últimas previsiones.

El ajuste a la baja del déficit debe suscitar, por lo tanto, dos reflexiones. La primera es la de si será sostenible en el tiempo, de forma que en los dos años siguientes (es decir, 2013 y 2014) se podrán cumplir los compromisos con Bruselas, que eran bastante exigentes con reducciones adicionales del desequilibrio presupuestario del sector público, hasta dejarlo por debajo del 3% del PIB, una meta que a estas alturas parece bastante utópica. La segunda reflexión es la del coste que ha entrañado este recorte del incompleto del déficit, que ha exigido forzar una depresión económica de efectos demoledores y que está hipotecando el futuro del país.