La Seguridad Social se desangra

Las cuentas de la Seguridad Social, como se temía, han terminado el año 2012 con un déficit abultado, de 10.800 millones de euros sin contar los ingresos que se anotará el Fondo de Reserva por sus inversiones financieras, que podría representar una cifra algo superior a los 2.000 millones de euros dado que su rentabilidad el año pasado fue del 4,2% y que gestionó a lo largo del ejercicio una cifra media de dinero que no ha sido facilitada por el Gobierno pero que se ha movido entre los 63.000 millones que había al cierre del año y alrededor de los 70.000 millones de euros que habrá llegado a tener en el mejor momento del año. Ya se ha dicho que el Fondo de Reserva fue objeto de una retirada de dinero del orden de los 7.000 millones de euros el año pasado para hacer frente a las necesidades más perentorias del sistema público, cuyos ingresos no llegaban ni de lejos para cubrir las necesidades crecientes.

Las cifras, por lo tanto, son preocupantes y graves más que malas en el mundo de la Seguridad Social, con una dinámica de serio deterioro a la que no se le ve un final fácil. A título de ejemplo, el número de pensionistas por jubilación aumentó el año pasado en más de 50.000 personas y el número total de personas que perciben una pensión superó por primera vez los 9 millones. En contraste, la cifra de cotizantes descendió el pasado año en 787.240 personas, un 4,57%, hasta acabar el año en los 16,3 millones de personas. Es decir, no llegan a dos las personas que contribuyen con sus cotizaciones a la Seguridad Social por cada pensionista.

La proporción de dos por uno (incluso se llegó a rozar la proporción de tres cotizantes por pensionista) se había mantenido a lo largo de estos últimos años de crisis económica creciente. En el año 2012 ya hay menos de dos ocupados por cada pensionista, cuestión que deberían tener en cuenta quienes apelan continuamente a la necesidad de subir las pensiones, incentivar el empleo mediante desgravaciones a la Seguridad Social o actualizar el importe de las pensiones en función de la inflación, loable deseo que para sí quisieran algunos de los millones de cotizantes que el pasado año han visto descender el poder real de compra de sus rentas salariales. Es decir, todo al mismo tiempo no es posible. La crisis tiene esas limitaciones que, puestas en cifras unas al lado de otras, revelan la dificultad del momento.

La desarbolada situación financiera de la Seguridad Social tiene el aspecto de no haber hecho más que empezar. El año 2012 se ha cerrado con el mencionado déficit de 10.800 millones de euros, pero ojeando las cifras se puede constatar que el Estado, al exigir un esfuerzo sin precedentes a los bolsillos de los españoles el pasado año, logró incrementar su recaudación en 11.200 millones de euros en el conjunto del ejercicio, aunque algunos de los nuevos tributos se empezaron a aplicar en el tercio final del año. Pues bien, todo el esfuerzo de fiscalidad adicional que hubo de soportar la sociedad española en el año 2012 ha ido prácticamente en su totalidad a sufragar el déficit de la Seguridad Social, los ya mencionados 10.800 millones de euros. El sistema público nos cuesta ya al conjunto de los españoles 7.650 millones de euros mensuales (datos de enero de este año, es decir, del ejercicio en curso). El sistema se ha vuelto altamente deficitario y desde una cierta consideración resulta insostenible, ya que sólo sacrificando crecientes recursos de las generaciones en activo se va a poder afrontar esa impresionante factura, que además parece condenada a cerrar cada año con un déficit entre el 1% y el 2% del PIB.

Este pavoroso escenario, cuyo agravamiento terminará por imposibilitar el pago mismo de las actuales pensiones, requiere solucione más que urgentes, muy urgentes. El sistema público de protección se está desangrando. O frenamos el aumento del paro y rápidamente hacemos lo posible por promover su aumento o frenamos el coste del actual sistema de pensiones o las dos cosas a la vez. Subidas adicionales de impuestos es lógicamente otra de las soluciones. El país no puede soportar varios años seguidos con déficits anuales superiores a los 10.000 millones de euros.