Faltan reformas

Una de las peticiones más frecuentes que los analistas económicos así como  los dirigentes de la Unión Europea y de los organismos internacionales dirigen al Gobierno español  es la de que refuercen el abanico de reformas de la economía para dotarla de mayor eficacia y competitividad  y para reforzar  la lucha contra el despilfarro y contra la generación de desigualdades.  Son muchos los frentes en los que el Gobierno de Rajoy ha metido mano en este primer año de actividad gubernamental, cuyo balance dista mucho de ser positivo.

Pero, aún así, ni las reformas abordadas han contado con apoyos suficientemente amplios ni están  abordadas algunas de las que resultan manifiestamente necesarias. Además, entre las que sí han sido contempladas, como la reforma de la legislación laboral, existen algunos motivos para pensar que le queda una segunda vuelta para perfeccionar  los cambios realizados. La reforma financiera,  después de muchos retoques y  errores de cálculo, parece bastante encarrilada, aunque el  sector financiero sigue sin  resolver la gran  necesidad que se echa en falta en nuestra  economía, la  de un flujo suficiente de financiación para  garantizar  la actividad productiva.

Entre las que no se han tocado todavía, y que requieren un tratamiento bastante urgente, está la de las  pensiones,  asunto  que posiblemente cabría situar como la tarea más  apremiante a la que tendrán que hacer frente tanto los representantes del  Gobierno como los que forman parte del Pacto de Toledo, es decir, el amplio abanico de las fuerzas políticas capaz de dotar de mayoría parlamentaria a cualquier cambio que se adopte en este terreno. La sostenibilidad del sistema de pensiones es la cuestión central de esta necesaria reforma.

La crisis ha puesto de relieve que el sistema de pensiones, tal y como está diseñado, y al margen de que permita o no actualizar las prestaciones en función de la  tasa de inflación,  es sumamente endeble y vulnerable a los cambios de ciclo económico. En las condiciones actuales, no es posible garantizar al sistema el flujo de ingresos necesarios para sostener las prestaciones económicas. Se verá cuando se liquidez el presupuesto de ingresos y gastos del año 2012, pero se sentirá con bastante más fuerza cuando se vaya ejecutando el presupuesto del año 2013, en el que el desequilibrio entre las aportaciones vía cotizaciones y los gastos  vía  prestaciones económicas a favor de los jubilados pesará  como  una sola sobre las cuentas  públicas. Posiblemente el mayor riesgo que corren los Presupuestos del Estado de cara al futuro es el descuadre de la Seguridad Social, que puede generar un déficit permanente del 2% del PIB anual en el curso de los próximos ejercicios.

La falta de coordinación de las instituciones estatales y periféricas ha sido uno de los defectos más visibles de cuantos han salido a relucir en medio de esta crisis económica, lo que hace inaplazable la necesidad de sentar las bases de una estructura más eficaz del sector público en su amplio sentido, evitando las duplicidades que  se han prodigado en  los diversos estamentos del país, motivo principal en la generación de un gasto público a todas luces excesivo.

Junto a la  reforma de la Administración en su amplio sentido, el sistema fiscal español sale severamente tocado del actual momento crítico de la economía española y debería ser, por ello, uno de los asuntos que requiere una atención prioritaria.  Y, sin agotar el capítulo de reformas necesarias, la búsqueda de un cierto blindaje para que España sea realmente un  mercado único  coherente con las disposiciones que rigen la actividad comercial en Europa es otra de las necesidades que se han puesto de relieve. El que cada Autonomía pueda legislar de espaldas a lo que prevalece como regulación estatal principal e incluso como legislación más  común en la UE, es un defecto que la crisis ha puesto de relieve y que está provocando importantes diferencias entre zonas geográficas del país.