El dinero de Bruselas, una oportunidad

Las condiciones para que las tres entidades financieras que resumen el grueso de la crisis bancaria española reciban las ayudas europeas pueden considerarse bastante leoninas. Los 37.000 millones de euros que España recibe en préstamo para a su vez inyectarlos en las entidades bancarias están condicionados a un severo plan de adelgazamiento de las tres entidades, en especial de Bankia, cuyo peso en el conjunto supera el 50%.

Aunque el presidente de esta entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ha mostrado un elevado optimismo sobre el futuro del grupo financiero que preside, del que ha llegado a decir que acabará siendo una entidad “de referencia” del sector financiero español a la vuelta de unos años, la realidad parece asignarle a las tres entidades principales (Bankia, CatalunyaCaixa y Banco NCG) un futuro bastante modesto, recluidas en sus territorios “naturales” y con vetos importantes sobre una serie de actividades bancarias que, a decir verdad, como en el caso de la financiación a promotores de viviendas, habían sido piedra angular sobre la que se sustentaron buena parte de sus problemas de rentabilidad y liquidez en el pasado.

Las autoridades de Bruselas han decidido recluir a los bancos nacionalizados en el segmento de la banca minorista y ha limitado al máximo el andamiaje de sociedades filiales y participadas, a pesar de que algunas tienen un cierto grado de utilidad para el desarrollo del negocio bancario. Es el caso, por ejemplo, de Bankia con Mapfre. El banco deberá desprenderse de su participación en la aseguradora, que es una de las mayores compañías del mundo en su actividad y que podría haber ensamblado un buen apoyo para beneficio mutuo, en la medida en que Mapfre tiene una notable penetración en el mundo de los seguros personales, vinculados a las familias y a las personas.

La terapia que aplica Bruselas es posiblemente una estrategia sin alternativas, ya que un saneamiento más eficaz tendría que plantear otro tipo de aportaciones y cambios, como por ejemplo la existencia de un mejor nivel de gobierno corporativo, ya que en ese terreno es en el que las antiguas cajas de ahorros germinaron la crisis que ha llevado a la práctica desaparición del sector, tal y como era entendido antes de la crisis financiera. Es decir, un sector en el que las entidades ejercían una labor profesional similar a la de los bancos pero con una asignación finalista muy diferente en lo que atañe a la distribución de los beneficios. Lo que en los bancos privados son dividendos, en las cajas habría que hablar de recursos distribuidos a través de la Obra Social, una especie de beneficencia pública que a estas alturas ha quedado prácticamente huérfana de oxígeno. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con la obra social de las cajas en el futuro, pero lo que tiene que venir no es precisamente optimista.

Ha habido indudablemente un problema de personas y de instituciones políticas en todo el historial de la crisis de las cajas en estos últimos años. Las cajas no han estado gobernadas por profesionales sino en algunos casos por arribistas y gentes con poca preparación y menos escrúpulos, como estamos viendo en los procesos judiciales que se están desarrollando en diversos frentes, en los que están saliendo a relucir los problemas de base del sector. Los numerosos profesionales y directivos imputados o procesados dan buena fe de la existencia de una gestión muy alejada de lo profesionalmente correcto.

El coste para la sociedad española ha sido relevante y una primera aproximación es el importe de las ayudas europeas, que ahora entrarán en el capital de los bancos en crisis para su saneamiento pero que con el tiempo habrán de volver a Bruselas, si es que el Estado español no se ve obligado antes a suplir su eventual impago. En todo caso, si importante es la llegada del dinero en forma de ayuda a largo plazo, también importa seleccionar mejor que en el pasado a las personas que se ocuparán de dirigir estas entidades y de administrar los recursos recibidos. En los tres casos hay profesionales bastante ajenos a la batalla política, lo que constituye una saludable señal de tranquilidad. Pero las tres entidades en crisis no van a permanecer indefinidamente en manos del Estado o con este como accionista principal. La transición al sector privado, con las debidas garantías, es un paso que esta vez las autoridades reguladoras deberán vigilar más de cerca y con las menores injerencias políticas.