Grifols y Extremadura

Mientras importantes multinacionales extranjeras como Renault o Ford, por citar dos de los casos más recientes, anuncian inversiones cuantiosas en España para el inmediato futuro, otro multinacional, esta española, dejaba sentir su voz de queja con amargura y desencanto. Incluso con amenazas nada veladas. Victor Grifols, primer ejecutivo de la farmacéutica catalana que lleva su nombre y propietario de una buena porción del capital, dejó oír alto y claro su voz para asegurar que si las cosas no cambian, la compañía que preside no invertirá un euro más en España. No es una amenaza menor.

Las razones son varias: el estrangulamiento del sector farmacéutico debido a los impagos a las farmacias y algunos problemas de índole más local, como el que no puede realizar nuevas inversiones en Cataluña porque en Parets del Vallés (Barcelona) no le aseguran el suministro de agua para su industria. “No se extrañen si nuestra presencia aquí tiende a la desaparición a favor de Estados Unidos”, dijo el miércoles ante un atónito grupo de analistas financieros que le premiaban por ser el valor estrella en la Bolsa española, pese a haber suspendido el pago de dividendo hace poco para apostar por su crecimiento con la menor carga de deuda posible. En la actualidad, su presencia en el mercado español se ha reducido tanto que apenas representa un 9% el volumen de ventas interiores, lo que convierte a esta compañía den una genuina multinacional con presencia en todo el mundo, en especial en Estados Unidos.

Grifols es este año la empresa modelo del Ibex 35, ha duplicado su valor en un año, ha comprado una empresa en Estados Unidos (Talecris) que le ha permitido convertirse en la tercera farmacéutica mundial y primera de Europa en su especialidad (la producción de hemoderivados para la farmacia y para usos hospitalarios, así como diversos productos de aplicación médica), es una de las compañías más avanzadas en el desarrollo de aplicaciones para mitigar el Alzheimer, con una vacuna que podría empezar a ensayar de forma masiva en personas a partir del año próximo y ha dejado entrever que en un futuro no muy lejano podría reanudar el pago de dividendos, ya que cuenta con un balance saneado y unos resultados muy satisfactorios que le han permitido duplicar su tamaño varias ocasiones en los últimos años, lo que refleja de forma aceptable su valor en Bolsa.

La situación de Grifols es una muestra de cómo en España, cuando se trata de cuidar a los empresarios, somos capaces de las mejores iniciativas y también de los peores de los tratamientos. Poner una alfombra para que las multinacionales extranjeras se sientan a gusto invirtiendo en España y aplicar la tortura administrativa a las multinacionales españolas sin reparar en su posible huida, son cosas que suceden simultáneamente a la vista de nuestros ojos y que reflejan la escasa sensibilidad empresarial de la clase política, además de reflejar abiertas contradicciones.

En el terreno de las contradicciones, la última la acaban de brindar las autoridades extremeñas del momento, al asegurar a bombo y platillo que van a destinar parte de los 240 millones de euros que los bancos tendrán que pagar a la Junta tras una sentencia del Constitucional al abono de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios de la Comunidad Autónoma que el Gobierno de Rajoy había establecido. La sentencia del TC ha dictaminado que no es inconstitucional la tasa que la Junta de Extremadura impuso hace 10 años (cuando Extremadura era gobernada por los socialistas, con Rodríguez Ibarra a la cabeza) a los bancos de la zona. La medida fue levada por el Gobierno de Aznar a los tribunales y el TC acaba de decidir que es una tasa perfectamente legal, por lo que los bancos y cajas tendrán que pagar 200 millones de euros más 40 millones en intereses.

El Gobierno extremeño actual es del PP, es decir, de la misma formación política que Aznar y que Rajoy. O sea, este Gobierno extremeño se beneficia de una tasa impuesta por sus rivales socialistas y que el propio PP había considerado inconstitucional. Ahora, el Gobierno extremeño del PP recibe este inesperado regalo que le han proporcionado sus rivales socialistas. No contento con aprovecharse de esta contradicción, al presidente extremeño le ha faltado tiempo para empezar a repartir el dinero que de forma inesperada e inexplicable para algunos le acaba de reconocer el Constitucional.

Sin pensárselo dos veces ha decidido repartir parte de ese dinero, unos 60 millones de euros, entre los funcionarios de la Comunidad, en forma de paga extra de Navidad, la prohibida por el Gobierno de Rajoy. Este es un caso de libro, no sólo por las peripecias de un presidente autonómico del PP que actúa en contra del Gobierno nacional de su partido y se beneficia de los éxitos de los socialistas, sino también todo un ejemplo de rotura de la unidad de mercado en España. ¿En qué país está pensando el Tribunal Constitucional, que permite a las autoridades locales utilizar instrumentos que la lógica y la propia Constitución encomiendan a las autoridades de ámbito estatal? Los banqueros están que se suben por las paredes, sobre todo los que tienen depósitos en Extremadura, una región en la que no sobra precisamente al ahorro.